Exalcalde Manolo Duque se entregó y deberá responder por posibles irregularidades en el PAE

 

Cartagena de Indias (Bolívar), diciembre 5 de 2018.

El exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, se entregó en horas de la tarde en las instalaciones de la Fiscalía en el Barrio Crespo de Cartagena de Indias.

Duque será procesado por los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento privado; los cuales habría cometido en calidad de coautor a título de dolo.

La orden de captura contra Duque se dio luego de que la Fiscalía encontrara las que serían irregularidades en la contrataciones del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para el año 2016.

En la mañana de este miércoles cinco personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento por hechos similares.

Se trata del exsecretario de educación de Cartagena de Indias, Germán Arturo Sierra Anaya; la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo; la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado Santoya y David Reynaldo Camacho Benítez. La supervisora de la Alcaldía, Mayiris Gómez Ballestas fue capturada a la entrada de la Secretaría de Educación en donde labora.

Según las indagaciones, para 2016 la Administración Distrital de Cartagena celebró dos contratos para el cubrimiento de la Alimentación Escolar (PAE) en las Instituciones oficiales de la ciudad.

El primer contrato fue suscrito el 13 de abril de 2016 y se firmó con la fundación Redcom de la ciudad de Pasto (Nariño) mediante la modalidad de urgencia manifiesta y alcanzó un valor por $8.427.924.090. El segundo, se celebró el 5 de agosto de 2016 mediante la modalidad de licitación pública con el Consorcio Pro-escolares 2016, por la suma de $15.831.468.135, más una adición de $7.886.489.492 del 29 de diciembre de 2016, para un valor total de $23.717.957.627.

Los dos contratos no cumplían los requisitos que exigía la ley, además se debió abrir licitación para la ejecución del plan en el 2017.

Por las irregularidades encontradas se pudo precisar que el detrimento total en el contrato de urgencia manifiesta fue de $766.609.829 y en el segundo contrato, al que se le sumó el otrosí el hallazgo en el detrimento económico fue de $4.410.754.328.

Los seis detenidos serán presentados por la Fiscalía ante un juez de control de garantías mañana.

La Fiscalía General de la Nación publica esta información por considerarla de interés general.