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Como una infamia. Así calificó Álvaro José Castro Beltrán, un adulto mayor de 82 años, la decisión que tomó la alcaldesa de María la Baja, Raquel Victoria Sierra Cassiani, de revocarle la pensión después de 23 años de trabajo.
«La mandataria no tiene ningún fundamento para tomar esta medida», dijo el pensionado, que está enfermo.
Señaló que lo hecho por la Alcaldesa es un «atentado contra mi estabilidad económica y familiar».
Ante la decisión de la funcionaria, Castro Beltrán demandó y denunció disciplinariamente a la Alcaldesa por haber revocado su pensión de jubilación, la cual fue reconocida el 5 de febrero de 1997.
Ya han transcurrido 23 años desde que comenzó a disfrutar de la pensión hasta el pasado 14 de agosto de 2020, cuando en forma arbitraria, abiertamente ilegal y sin fundamento de ninguna naturaleza dio la orden de suspender el pago de la pensión.
En la denuncia interpuesta contra la mandataria se señala que sí la Alcaldesa quería anular el acto administrativo debió acudir a la jurisdicción administrativa, medida que tampoco podía hacer por cuanto la acción que correspondía ya había caducado.
Además, sentenció que la pensión fue obtenida y reconocida en legal forma, como lo reconoció la misma alcaldesa, Raquel Victoria Sierra Cassiani.
«Nos ha quitado la tranquilidad familiar, me tiene enfermo, por ello responsabilizo a la Alcaldesa de mi salud mental y de la de mi familia, por este acto infame, que no tiene presentación», indicó el denunciante.
Al dar a conocer la demanda, el ciudadano pidió a la Procuraduría Provincial la suspensión cautelar de la Alcaldesa para que no obstruya la investigación iniciada en su contra.
