El Concejo de Cartagena aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo N.° 055 de 2025, por medio del cual se declara de utilidad pública cuatro macroproyectos contemplados en el Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos (2024-2027)”, con lo cual autoriza al alcalde Dumek Turbay, para la compra por enajenación voluntaria o compraventa convencional, de los bienes inmuebles que hagan parte del área afectada y que sean necesarios para la ejecución de los cuatro intercambiadores viales de La Carolina, Amparo, Ceballos y Ternera.
El Distrito de Cartagena adelantará las actuaciones necesarias para la adquisición de los bienes inmuebles bien sea por compraventa directa con sus propietarios en los términos de la Ley 80 de 1993 o, mediante la iniciación del proceso de expropiación con la etapa de enajenación voluntaria, o fallida esta, por el decreto de expropiación administrativa en cumplimiento de las disposiciones legales atinentes.
Antes de la votación, el concejal Javier Julio Bejarano dejó constancia de su voto negativo, argumentando que la iniciativa no cumplía los requisitos establecidos en la Ley 388 de 1997 y la Ley 1682 de 2013, al no delimitar de manera clara y detallada los predios que podrían verse afectados por la declaratoria de utilidad pública. Bejarano citó varios acuerdos de otras ciudades como referencia de procedimientos que, a su juicio, debieron ser aplicados en este proyecto.
El concejal Javier Julio Bejarano solicitó el uso de la palabra para explicar su voto, en cumplimiento del Estatuto de la Oposición. Una vez concedida la intervención, dejó constancia de su voto negativo al proyecto, argumentando que este presenta deficiencias en su fundamentación, vicios de legalidad y aspectos técnicos, a pesar de las enmiendas propuestas por la Alcaldía.
Señaló que, según la normativa vigente, lo que se declara de utilidad pública no son los proyectos, sino los bienes que se ven afectados por las obras. En este caso, el proyecto no cuenta con estudios previos que precisen cuáles son los bienes inmuebles sujetos a la declaratoria de utilidad pública o a expropiación, lo que genera una falta de delimitación clara. Citó distintos aspectos legales que establecen que las acciones de planificación deben materializar el interés general.
Advirtió que la ausencia de estudios y delimitación de áreas pone en riesgo el proyecto y vulnera los principios de planeación y debido proceso, generando incertidumbre tanto para las comunidades afectadas como para el Concejo de Cartagena al aprobar un proyecto en esas condiciones. Insistió en que debe existir un estudio detallado y una delimitación precisa, ya que no se puede someter a comunidades enteras a esta incertidumbre. Indicó que otros Concejos en el país que han aprobado proyectos similares sí delimitan en su acuerdo los predios afectados como: Acuerdo 009 de 2024 del Concejo de Palmira, el Acuerdo 0538 de 2022 del Concejo de Cali, el Acuerdo 071 de 2020 del Concejo de Cali y el Acuerdo 012 de 2009 de la Junta Metropolitana de Bucaramanga. Finalmente, solicitó a la Secretaría que su intervención sea incorporada en el estudio del proyecto.
El concejal ponente del proyecto Carlos Barrios, indicó que el último acuerdo por el que el Concejo declaró una utilidad pública fue en el Acuerdo 007 de 2005 para las obras de Transcaribe. Agregó que en ninguna parte de los antecedentes hay que establecer a detalle predio por predio. Indicó que la Ley obliga a determinar referencias y matriculas inmobiliarias cuando se faculta al alcalde para cesión de predios; cuando se faculta a vender predios del distrito o cuotas partes del distrito; y cuando se faculta al alcalde a comprar un predio.
La plenaria procedió a votar la ponencia y articulado, con sus modificaciones, enmiendas y adiciones.
Los resultados fueron 16 votos a favor, 2 en contra y 1 concejal ausente. De este modo, el proyecto quedó aprobado con las enmiendas introducidas durante el debate y pasa a sanción del alcalde Mayor de Cartagena Dumek Turbay Paz.
