Judicializan a tres policías y un particular por presunto hurto de vehículos incautados en Cauca

Son señalados de omitir el reporte de 10 motocicletas recuperadas y facilitar el ingreso de terceros que se las llevaron de la estación.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al mayor Ángelo Leonardo Hernández Rubiano, a las patrulleras Diana Marcela Leiton Sánchez y Tatiana Alejandra Joaqui Zúñiga, y al particular Yecid Castro Rojas, por su presunta participación en el hurto de vehículos que estaban en custodia de la estación de policía de El Tambo (Cauca).

Entre el 18 de enero y el 15 de febrero del año en curso, fueron recuperadas varias motocicletas reportadas como hurtadas en la Vía Panamericana, en jurisdicción de Popayán (Cauca), en un sector conocido como Río Blanco. Los hoy procesados no habrían reportado el resultado de los procedimientos y facilitado que terceras personas se llevaran 10 de los automotores del parqueadero de la instalación policial.

Hernández Rubiano, en su condición de oficial, presuntamente auspició las omisiones en los registros y permitió que particulares, en dos momentos distintos, extrajeran los vehículos. Leiton Sánchez realizó la incautación de las motocicletas; y, al parecer, no informó formalmente sobre el resultado y coordinó la sustracción de parte de los automotores el 15 de febrero, en aparente coordinación con Castro Rojas. Ese día relevó a los guardias de turno aduciendo que la orden provenía del mayor Hernández Rubiano.

Entre tanto, Joaqui Zúñiga, quien se desempeñaba como secretaria, es señalada de favorecer el ingreso de personal externo, el 18 de enero, para que retiraran los vehículos.

Por estos hechos, fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en Popayán y Tunja (Boyacá). Un fiscal de la Seccional Cauca les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de prevaricato por omisión, peculado por apropiación y hurto calificado y agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos.

Por decisión del juez de control de garantías, el oficial y las dos patrulleras deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el particular permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.