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La investigación estableció que la red habría direccionado ocho contratos por cerca de 9.804 millones de pesos mediante licitaciones simuladas y sobrecostos.
El trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación permitió afectar a una red delincuencial dedicada a direccionar la contratación institucional al interior de una caja de compensación en Nariño, entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
A través de las labores investigativas adelantadas por un fiscal de la Seccional Nariño y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fueron judicializadas cuatro personas que estarían implicadas en el entramado delictivo que afectó la contratación de la entidad.
Se trata de Olga Alicia Vásquez Martínez, subdirectora de servicios; Diana Marcela Salazar Quelal; Rosa Milena Lagos Medicis, y Edgar Alonso Insandará.
Actividades de policía judicial, como auditorías forenses, inspecciones contables e interceptaciones, evidenciaron que esta red abría licitaciones públicas simuladas para aparentar pluralidad de oferentes; sin embargo, las adjudicaciones estaban direccionadas hacia empresas preseleccionadas mediante la exigencia de comisiones sobre los anticipos y la presentación de cuentas con sobrecostos.
De acuerdo con la investigación, este grupo delincuencial estaría integrado por directivos, funcionarios y particulares. De esta manera, se habrían suscrito ocho contratos por $9.804.893.500, de los cuales se desembolsaron anticipos por $2.942.368.050, correspondientes al 30% del valor contratado.
Se estableció que Vásquez Martínez, en su calidad de subdirectora de servicios de la caja de compensación, sería la encargada de direccionar la contratación. Por su parte, Salazar Quelal y Lagos Medicis habrían facilitado información a las empresas con las que previamente habían acordado la adjudicación sobre documentos específica que debían proporcionar.
Por su parte, Edgar Alonso Insandará presuntamente se benefició de este direccionamiento a través de la empresa que representaba.
Las actividades investigativas desplegadas permitieron que dos de los hoy procesados hicieran la devolución de cerca de 1.552 millones de pesos.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Nariño los imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado. Olga Alicia Vásquez Martínez aceptó los cargos; los demás procesados no.
Por disposición de una juez de control de garantías, a Vásquez Martínez le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, los demás procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en lugar de residencia.
Este trabajo hace parte de una primera fase investigativa adelantada por estas irregularidades.