¡Lo primero es lo primero!

Por: Amylkar D. Acosta M[1]

Después de la tempestad viene la calma. Luego del fragor de la contienda electoral para elegir democráticamente al sucesor del Presidente Gustavo Petro Urrego, desde el 7 de agosto asumió la conducción de los destinos nacionales, el Presidente Abelardo De la Espriella, con sus propuestas y propósitos disruptivos con respecto a los de su antecesor. Ello significará un giro de 180 grados en la política pública, así se infiere de su programa de gobierno, el cual, muy seguramente, con la coadyuvancia del nuevo Congreso de la República, se plasmarán en el Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030. Hacemos votos por el buen suceso de su administración, porque si le va bien a él le ira bien al país y a todos los colombianos!

Entre el expresidente Gustavo Petro Urrego y el Presidente de la República Abelardo De la Espriella hay profundas diferencias, uno y otro tienen talantes y estilos diferentes, dos visiones, son polos opuestos, pero por encima de sus diferencias tiene que prevalecer la institucionalidad, que no se puede confundir con el statu quo. El relevo en la Presidencia de la República marca algo más que un cambio de gobernante. Representa el tránsito entre dos estilos de ejercer el poder, dos visiones de la política y dos extremos ideológicos que han protagonizado buena parte de la intensa polarización que ha vivido Colombia en los últimos años.

De un lado, una concepción del poder sustentada en la confrontación, en la movilización social como instrumento de gobierno y en una visión de cambio estructural que, en no pocas ocasiones, terminó tensionando la relación entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder, así como con los órganos de control. Del otro, emerge una visión distinta, que reivindica el orden, la autoridad, la iniciativa privada y una orientación política ubicada en el extremo opuesto del espectro ideológico.

Son, en consecuencia, dos maneras muy diferentes de entender y abordar el ejercicio del poder y la conducción del Estado. Pero hay algo que debe estar por encima de ambas: el respeto por la institucionalidad. Porque la democracia no consiste solamente en el acto de elegir a quien gobierna. Consiste, sobre todo, en que quien resulte elegido gobierne dentro de las reglas de juego preestablecidas, respete y haga respetar la Constitución, garantice la separación de poderes y entienda que las instituciones están llamadas a sobrevivir a los gobiernos de turno. El gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen y la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno”.

El Presidente de la República no es el Presidente de quienes votaron por él. Es el Presidente de todos los colombianos y de acuerdo con la Constitución Política es además el Jefe de Estado, Jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, al tiempo que su investidura simboliza la unidad nacional. Y esa condición obliga a gobernar para todos, a escuchar incluso a quienes discrepan, a buscar y propiciar consensos y a superar el antagonismo que convierte al adversario político en enemigo. Colombia no necesita pasar de un extremo al otro. Necesita recuperar el centro de gravedad de la democracia: el Estado de derecho, la separación de poderes, el respeto por las instituciones y la búsqueda de acuerdos nacionales sobre aquello que es fundamental para el presente y el futuro del país. En la democracia no hay cabida para el mayoritarismo.

Los estilos de gobierno cambian, mutan, con el relevo en el mando que tiene lugar cada cuatro años. Las ideologías pueden alternarse en el poder. Los presidentes llegan y pasan. Las instituciones, en cambio, permanecen. Y esa es, finalmente, la gran prueba de fuego del relevo presidencial: que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia y saber procesar las diferencias

El verdadero triunfo de la democracia no es que gane una ideología sobre otra, avasallándola. Es que, cualquiera que sea el gobierno de turno, prime la institucionalidad,  que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia sin mayores traumatismos.

Y este no es un concepto abstracto: se expresa en la independencia de la justicia, en el respeto por el Congreso, en la libertad de prensa, en la autonomía de los órganos de control y en la certeza de que ninguna voluntad política, por mayoritaria que sea, está por encima de la Constitución. En tiempos de polarización, defender las instituciones no es una postura neutral: es una decisión democrática fundamental. Porque cuando ellas se debilitan lo que se fortalece no es un proyecto político, sino la incertidumbre, la desconfianza y la inestabilidad.

Por eso, más allá de los discursos y las arengas, de las diferencias ideológicas o de los estilos personales de gobierno, el verdadero legado de cualquier administración debería medirse en su capacidad de fortalecer, respetar y no erosionar el entramado institucional del país.

Solo así la alternancia en el poder dejará de ser una fuente de incertidumbre, inestabilidad y tensión permanentes y se convertirá en lo que debe ser en una democracia madura: un ejercicio normal, previsible y respetuoso del orden constitucional. En últimas, ese es el desafío de Colombia: que ningún proyecto político, por legítimo que sea en su origen, pretenda estar por encima de las reglas que nos unen como Nación.

www.amylkaracosta.net

[1] Miembro de Número de la ACCE