Justicia extraviada

Por: Germán Danilo Hernández.

Hace varios años se volvió chiste político el diálogo en que un colombiano le preguntaba son sorna a un boliviano las razones por las cuales su país contaba con ministerio de la marina, si éste no tenía salida al mar; el interlocutor respondió automáticamente: por las mismas razones que Colombia tiene Ministerio de Justicia.

Lejos de ser un chiste, lo que ocurre en Colombia es un drama de grandes proporciones. Si la base de una sociedad es el imperio de la justicia, la nuestra es una nación inviable. La justicia no solo sigue cojeando, sino que sus pasos erráticos la conducen a la postración. Es ineficiente paquidérmica, anacrónica, selectiva, parcializada, arrogante, indigna, alejada de los principios de ética, equidad y honradez. Los casos para demostrar esas premisas se cuentan por centenares.

Estamos ante una justicia que no es igual para todos, que convertida en herramienta política está al servicio de intereses específicos del poder, hasta el punto que magistrados, jueces o fiscales se convierten en sastres que confeccionan condenas o absoluciones a la medida de sus necesidades y deseos. Su falta de independencia ha llegado a límites insospechados: el actual gobierno, por ejemplo, decretó que las tutelas que involucren a la Presidencia de la República deben ser de conocimiento exclusivo del Consejo de Estado, abrogándose la potestad de elegir su propio juez; y dos altos representantes del partido de gobierno renunciaron a sus curules en el Congreso, para con ello evadir la jurisdicción de la Corte que los investigaba, porque hay otra instancia judicial más cercana a sus afectos que le garantizarían mejor tratamiento.

Fallos o investigaciones judiciales surgen o se reactivan para frenar o estimular aspiraciones electorales en tiempos de campañas; Las prisiones colombianas son tugurios hacinados por ladronzuelos, pero a éstas no llegan delincuentes de alcurnia, ellos tienen reservadas sus mansiones o cómodas casas fiscales, cuando caen en desgracia.

En ese contexto de esta justicia agonizante, mientras campea la impunidad generalizada, aparecen sentencias absurdas y desbordadas como la que condena a 12 años de prisión a la ex alcaldesa de Cartagena Judith Pinedo Flórez y a Vivian Eljaiek, con quienes se puede diferir de sus posiciones conceptuales y actitudes personales, pero, que han demostrado honorabilidad en el desempeño de sus funciones públicas y privadas.

El fallo por la venta legal de la pequeña franja de un baldío en posesión de un particular, contrasta con la prolongada inacción judicial que ha permitido la informalidad, la ocupación ilegal de predios, y múltiples crímenes contra el ecosistema en Cartagena. Aunque ese tipo de injusticias generan satisfacciones entre enemigos políticos, y motivan sesgos interpretativos, o exacerbación de odios, la gran mayoría de ciudadanos sienten una profunda frustración y desesperanza por una justicia que ya no tarda ni llega, porque parece haberse extraviado en el camino.