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• La Fiscalía estableció que Margareth Chacón, al parecer, dispuso de una camioneta de su propiedad para asistir a las reuniones en las que se ultimaron detalles del asesinato.
• La evidencia indica que el vehículo también fue usado para trasladar el arma utilizada en el homicidio y el dinero con el que se cubrieron los gastos del entramado criminal.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, por su posible participación en el homicidio del fiscal de Paraguay Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en la playa privada del hotel Decamerón en Isla Barú, en Cartagena.
Esta persona se habría concertado con su esposo y cuñado, Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, respectivamente, para planear y definir aspectos determinantes en la logística y financiación del crimen.
Abundante material de prueba y evidencia técnica dan cuenta de que Chacón Zúñiga, al parecer, dispuso de una camioneta de su propiedad para asistir a varias reuniones en Medellín y Cartagena, en las que se ultimaron detalles para ejecutar el asesinato.
De igual manera, se estableció que el vehículo también habría sido usado como ‘caja fuerte’ para trasladar de una ciudad a otra el arma de fuego utilizada para perpetrar el homicidio y el dinero para cubrir los gastos de todo el entramado criminal.
La investigación permitió conocer que el 8 de mayo de 2022, en un encuentro que se realizó en un restaurante de Cartagena, esta mujer presuntamente insistió para que el asesinato se ejecutara, y explicó que tenían que actuar rápido porque el plan vacacional del fiscal Pecci y
de su esposa estaba próximo a terminar.
Estas manifestaciones las habría hecho frente a los hermanos Pérez Hoyos y a Francisco Luis Correa Galeano, el señalado articulador de los autores materiales, actualmente privado de la libertad y acusado.
En ese sentido, un fiscal delegado ante tribunal, con asignación especial para el caso del fiscal Pecci, imputó a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La procesada no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El pasado 16 de enero, la Fiscalía judicializó a Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes aceptaron su participación en este evento delictivo.
