El Alcalde Mayor de Cartagena William Dau Chamat, interpuso una acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Penal Municipal de Garantías, tras argumentar que se le están violando sus derechos con relación a unas medidas que ha adoptado ese despacho judicial, frente al incumplimiento del Distrito en el pago de arriendos a las familias que resultaron víctimas de las construcciones ilegales de los Quiroz.
La tutela la presentó el abogado Anthony Sampayo Molina, a nombre del mandatario local y argumenta que a su defendido se le están vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Sostiene el jurista que es importante señalar que dentro del trámite del “incidente de desacato” inicial en el que se dispuso el arresto por 5 días y una multa de 5 salarios en contra del alcalde, se interpuso recurso de apelación que correspondió por reparto del 8 de junio de 2020 al Juzgado 3º Penal del Circuito de Cartagena, sin embargo, la apertura de un segundo incidente basado en los mismos hechos, por el mismo juzgado, y a través del mismo tramite; esta vez a favor de nueve (9) personas también cobijadas por la medida de protección, y la legitimación que por esta misma vía se le estaría dando al resto de las más de 130 familias, amenaza de manera cierta, los derechos fundamentales del Alcalde, por ello, resulta inminente que se aboque el conocimiento de la presente acción, para evitar que sendas solicitudes de desacato ante el mismo juzgado, resulten con la ya conocida decisión de cinco días de arresto mientras se está a la espera que se resuelva el recurso de apelación.
Por su parte el abogado Javier Doria, quien representa a las víctimas, dijo que esta tutela evidencia la falta de intención por parte de la administración distrital de darle cumplimiento a las obligaciones judiciales que tiene con todas las víctimas de las construcciones ilegales en Cartagena.
“Se trata de una acción que parece hecha por personas que desconocen todo el contexto de lo que ha pasado en la ciudad con estas familias y obviamente los revictimiza y los maltrata”, señala Doria.
Así mismo manifestó que incluso se pone en tela de juicio si se trata o no de construcción ilegal y se refiere a construcción aparentemente ilegal, cuando fue el Distrito el que pagó los estudios con los que se evidenció la situación de que estos edificios estaban mal construidos.
“Claramente es una afrenta contra los derechos de estas familias que han padecido el horror de la construcción ilegal y la desidia y la irresponsabilidad del distrito. En nombre de las víctimas le vamos a hacer frente a esta petición absurda que ha presentado el Distrito a través de esta tutela y estamos seguros que vamos a restablecer los derechos de estas personas”, concluyó.
A las familias que han sido víctimas de los Quiroz, el Distrito les adeuda los arriendos desde hace 18 meses,situación que ha motivado que los propietarios de los inmuebles donde habitan temporalmente los hayan prácticamente desalojados por los reiterados incumplimientos de la Alcaldía de Cartagena .
