Por: Orlando Díaz.
Con la primera letra del abecedario se escribe “abudinear”, término documentado por la RAE como estafar-robar y también, Anatoliocismo, que bien puede significar despalomado o persona sin criterio a la hora de votar.
El Anatoliocismo identifica a esos cuadros políticos supremamente obedientes y con una línea de pensamiento consagrada a cumplir a rajatabla, las órdenes del partido de sus superiores.
Esas acciones desprestigian a la política colombiana y entran a justificar la desconfianza de los ciudadanos por sus gobernantes. Esto explica ese 85% de pérdida de favorabilidad que registra el Congreso (cifra de Invamer), como ese 74% de la Presidencia de la República, en los jóvenes (cifra de Valora Analitik).
Los colombianos no salimos del asombro al escuchar el audio en el que la presidente de la cámara de representantes, Jennifer Arias, daba instrucciones a Anatolio Hernández (partido de la U) sobre cómo votar una ley.
-Anatolio, vote sí…
Y la gravedad del tema radica en que efectivamente se modificó la ley de garantías, en un escenario abiertamente inconstitucional, pues se rompe la unidad de materia, dado que el “mico” quedará incorporado en la ley de presupuesto.
Además, que las reglas del presupuesto se trazan por una ley ordinaria, mientras que la ley de garantías es una ley estatutaria. Es lamentable, que al desarrollar el presupuesto general de la nación, para el año 2022, se creó el artículo 125 de esa normatividad, que suspendió lo referente a la prohibición de celebrar convenios interadministrativos en el periodo comprendido en las elecciones a presidencia y congreso.
Esto significa que nuevamente se abre la caja de pandora y por ello se multiplicarán las acciones de corrupción pues los contratista inescrupulosos y algunos mandatarios regionales, harán su agosto en el año electoral que se avecina.
La fresa del pastel corresponde a la desafortunada frase del Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, cuando expuso al país, sin sonrojarse, que el DANE, en cabeza de su director Juan Daniel Oviedo, prácticamente le estaba mintiendo al país pues ya no somos cincuenta millones de habitantes, como lo registra el Censo del 2018, sino que somos cincuenta y cinco millones de colombianos.
En fin, da grima lo dicho por el señor Vega Rocha (otra vez del partido de la U) al recomendar: “el que crea que le van hacer fraude, no debería presentarse”, como quien dice, no salga de su casa y enciérrese, si desconfía de la seguridad que brindan las autoridades.
La situación es grave y fortalece a ese mito colombiano de la excesiva influencia de las personas fallecidas en los resultados electorales. Nos queda parodiar a Hamlet (Shakespeare) cuando advertía: “algo huele mal, algo huele mal en Dinamarca”.
En estos momentos reclamamos la intervención de la guardiana de la Constitución, la Corte Constitucional, Corporación que deberá estudiar con celeridad tan complejo tema. Es el juego de los pesos y contrapesos de la democracia. El Consejo de Estado también deberá pronunciarse en forma rápida, sobre la pérdida de investidura en contra de los congresistas que participaron en la expedición de semejante esperpento de ley. Todos estos son desafíos para nuestra democracia y para una justicia que se precia de ser autónoma e independiente.
Adenda. Este 6 de noviembre todos debemos de recordar el holocausto del Palacio de Justicia, donde se resquebrajó seriamente la administración de justicia, siendo inmolados innecesariamente varios magistrados de las altas cortes y muchos ciudadanos del común, que no tenían que ver con el conflicto interno de guerra, que todavía sufre este país. Es una conmemoración donde debemos de hacer un canto por la vida y por la Paz. La mejor manera de realizar esa ofrenda, es que reflexionemos al momento de votar, por quién lo vamos a hacer…