Aseguran a alcalde de Villa de Leyva por presunta exigencia de dinero para trámites urbanísticos

Es señalado de intervenir ilegalmente para gestionar la ampliación de una licencia de construcción.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que vinculan al alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, a posibles actos de corrupción relacionados con la exigencia de dinero y otros beneficios para facilitar los trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario.

Inicialmente, el 8 de junio de 2025, el mandatario habría exigido a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona en específico para que brindara asesoría para gestionar varios permisos y otros requerimientos administrativos. Posteriormente, al parecer, pidió aumentar la asignación salarial para su referido, quien laboró durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, el 4 de marzo de 2026, Gamboa Chaparro presuntamente solicitó a la empresaria, a través de mensajes de voz, 112 millones de pesos que correspondían al 20% del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción. Luego, mediante una llamada telefónica, retiró esa pretensión.

Dos días después, el 6 de marzo, el alcalde expidió una resolución, pese a encontrarse en un posible conflicto de intereses, que sería una retaliación y presión ante la negativa de la empresaria de acceder a sus peticiones económicas. Situación que se configuró en una desviación del poder.

Como consecuencia de su determinación, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción.

Asimismo, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a los 232 millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al mandatario los delitos de concusión y prevaricato por acción, cargos que no fueron aceptados; y una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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