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En la reunión se indicó que se conformará comité de monitoreo con el fin de tratar aspectos culturales, sociales y ambientales del emisario submarino. Así como el avance de la construcción del alcantarillado de Tierra Baja y Puerto Rey.
En el Palacio de la Proclamación, sede de la Gobernación de Bolívar, se realizó reunión de seguimiento del cumplimiento a la Sentencia T-969 de 2014, convocada por la Procuraduría Para Asuntos Ambientales y la Contraloría Delegada Para el Medio Ambiente. Al encuentro asistieron el secretario General del Distrito de Cartagena, Luis Enrique Roa Merchán, además de representantes de Cardique, DIMAR, Contraloría, Aguas de Cartagena, Defensoría del Pueblo, Personería Distrital, Alcaldía Local de la Virgen y Turística, el Consejo comunitario de Punta Canoa, habitantes de las comunidades involucradas y la Procuraduría Ambiental y Agraria.
Dicha sentencia (T-969 del 2014), ordenó la realización de proceso de consulta previa para las comunidades afro impactadas por el proyecto de emisario submarino, la conformación de un comité de seguimiento a los impactos generados por el proyecto y la construcción del alcantarillado para las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey.
Emisario Submarino
Las comunidades de Punta Canoa, Arroyo de Piedra y otras poblaciones aledañas, manifestaron su preocupación por el presunto daño ambiental ocasionado por la implementación del Emisario Submarino.
Luego de manifestadas estas problemáticas se conformará el comité de monitoreó, con el fin de tratar aspectos culturales, sociales y ambientales del Emisario Submarino. Este comité estará conformado por representantes Cardique, el Distrito, Aguas de Cartagena, Alcaldía Local de la Virgen y Turística y las comunidades implicadas. Así como también realizarán presencia la Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.
La primera sesión del comité de monitoreo se realizará el 26 de mayo a las 2:00 p.m., en las oficinas de Secretaría General.
Alcantarillado de Tierra Baja y Puerto Rey
El Distrito ha cumplido con las dos primeras fases del cumplimiento de esta sentencia, con una inversión aproximada de $7.000 millones de pesos. La empresa Aguas de Cartagena, como entidad competente para la aprobación de dicha obra, debe realizar un diagnóstico e informe del estado actual de los trabajos realizados para de esta manera continuar su ejecución.
“Necesitamos una obra funcional, no queremos que en 6 años el sistema colapse y nos genere un problema ambiental en la comunidad. Necesitamos que se garantice la calidad de la obra y calidad del material” manifestó Diana Marrugo, habitante de Puerto Rey.
Por su parte, el secretario General, Luis Roa, manifestó: “seguimos articulando con la Alcaldía Local y la empresa Aguas de Cartagena, para tener los soportes correspondientes que permitan, de la manera más rápida posible, contratar una tercera fase y dar por terminado la ejecución de esta obra que promete llevarle bienestar y calidad de vida a estas comunidades”.
