Casa por cárcel a 8 concejales de Cartagena

Por primera vez en su historia la ciudad de Cartagena se quedó con menos de la mitad de sus concejales, luego que el Juzgado Segundo Municipal de Control de Garantías impusiera casa por cárcel contra 8 cabildantes sindicados de la presunta elección irregular de la Contralora Distrital Nubia Fontalvo.

La decisión judicial cobija a los concejales Edgar Mendoza Saleme(Conservador), Antonio Salim Guerra y Luis Javier Cassiani (Cambio Radical), William Pérez y Duvinia Torres Cohen (U), Lewis Montero (Opción Ciudadana), Américo Mendoza Quessep (ASI) y Erich Piña (Liberal), quienes deberán responder por los delitos de cohecho propio y prevaricato por acción.

A los ex concejales Said Adechine y Ronald Fortich, se les dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad y no podrán salir del país.

La investigación contra los concejales hizo parte de la “Operación Heroica 2” de la Fiscalía General de la Nación, tras interceptaciones telefónicas legales que se realizaron a varios concejales y ex concejales de Cartagena, y en donde a través de esos diálogos se dejó entrever que, para la elección de la Contralora Nubia Fontalvo, se habrían entregado recursos y puestos tanto en esa dependencia como en la Alcaldía Distrital.

Por estos mismos hechos se encuentran con medida de aseguramiento el ex alcalde Manolo Duque, la concejala Angélica Hodge, el ex concejal Jorge Useche, la contralora Nubia Fontalvo y José Julián Vásquez, primo hermano y asesor del ex alcalde.

Con esta medida de aseguramiento con detención domiciliaria el Concejo de Cartagena quedaría sesionando con 8 cabildantes: Cesar Pion, David Caballero, David Dáger, Rafael Meza, Rodrigo Reyes, Vicente Blel, Wilson Toncel y Javier Curi Osorio. Éste último sigue vinculado a la investigación, ya que no se le definió su situación jurídica debido a los quebrantos de salud que actualmente sufre.

Se mantiene en el limbo la curul de la concejala Judith Díaz, tras una sentencia del Consejo de Estado que ordenó el reintegro de su colega Ronald Fortich.

La Directora Ejecutiva de Funcicar Carolina Calderón, dijo que frente a esta decisión judicial, se agudiza en la ciudad la crisis de gobernabilidad, toda vez que este órgano tiene la responsabilidad de ejercer control político a la Administración Distrital y el estudio y aprobación de proyectos de acuerdo; pero además queda en el limbo el funcionamiento del Cabildo, puesto que no hay certeza sobre la conformación del quórum.

Sobre este último, algunos de las alternativas probables de recomposición del quórum son:

–  Sin reemplazos: la Corporación funcionaría tomando como quórum a los 8 concejales que quedaron habilitados para ejercer sus funciones.

De acuerdo al Acto Legislativo 2 de 2015, los miembros de Corporaciones públicas solo pueden ser reemplazados en caso de faltas absolutas por razones distintas a condenas por delitos en contra de la administración pública. Según la reforma política de 2015, los delitos que se le imputaron a  los 8 concejales motivan la figura de la “Silla Vacía”, es decir no aplicarían reemplazos.

Si la Corporación queda reducida a la mitad o menos, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falten más de 24 meses para la terminación del período, situación que no aplica para Cartagena.

–  Con reemplazos: teniendo en cuenta que los concejales investigados no han perdido su investidura y no han sido condenados, y que el acto legislativo en mención hace referencia expresa a  que “ en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos (…)”, sus partidos y movimientos políticos no necesariamente quedan expuestos a la “Silla Vacía”, en tal caso, los que siguen en votos en cada de una de sus listas pudiesen ingresar hasta tanto se defina la situación judicial de los procesados.

Ante este escenario de incertidumbre, susceptible de múltiples interpretaciones jurídicas,  será el Presidente de la mesa directiva del Concejo el responsable de tomar una decisión para la recomposición del quórum, en aras de continuar con la agenda pública que a la fecha tiene programado el estudio de 4 proyectos de acuerdo, en donde tres de los concejales investigados son ponentes.

Estos acontecimientos se dan en medio de una coyuntura política e institucional crítica para la ciudad, teniendo en cuenta que en menos de dos meses se elegirá a un nuevo alcalde que deberá someter a consideración del Concejo el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual debe ser aprobado en primer debate por la Comisión del Plan, que hoy tiene a tres de sus seis  miembros en detención domiciliaria (concejales Antonio Salim Guerra, Edgar Mendoza y Lewis Montero). Lo mismo ocurre con el proyecto de Presupuesto Distrital y Estatuto Tributario, que deben ser estudiados en la Comisión de Presupuesto, cuya presidente, la concejal Duvinia Torres, estaría en detención domiciliaria, al igual que otro miembro de la comisión, concejal Américo Mendoza.

Si bien estas comisiones pueden ser reconformadas, lo que dice el artículo 63 del Reglamento Interno del Concejo es que “en ningún caso un Concejal podrá pertenecer a dos o más de ellas. Las Comisiones Permanentes tendrán una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría, también ejercida por un concejal”. Es decir, que se necesitan mínimo 9 concejales para conformar cada una de las tres comisiones, y el fallo solo dejó habilitados a 8 concejales.

“Esta situación ratifica una vez más que es la sociedad civil la convocada a ejercer control social sobre la gestión pública, especialmente sobre los macroproyectos en curso.  Asimismo, es un llamado a asumir un mayor compromiso con la elección de nuestros gobernantes, más aún cuando nos encontramos ad portas de unas elecciones atípicas”, puntualizó la directora ejecutiva de Funcicar.