Concejo escuchó a madres de desaparecidas y víctimas de inseguridad en Cartagena

El Concejo de Cartagena sirvió de escenario este jueves, para que madres de jóvenes desaparecidas en la ciudad y ciudadanos que han sido víctimas de problemas de inseguridad, expresaran sus inquietudes en medio de lo que iba a ser el debate de control político al director de Distriseguirdad Jaime Hernández Amín y al Secretario del Interior Bruno Hernández.

Pese a que se aplazó dicho debate, la corporación decidió escuchar a quienes previamente habían sido invitados e inscritos a dicha sesión.

Seguido, se dio paso a la intervención ciudadana:

• Lucy Díaz: madre de Tatiana Hernández recordó que su hija lleva 102 días desaparecida. Relató que un funcionario de la fiscalía comentó que su hija salió de Los Espolones y caminó hacia Bocagrande, sin embargo, no saben mucho más. Señaló que medios locales le advirtieron tener cuidado con lo que dice públicamente, ya que desde la alcaldía no quieren afectar la imagen de la ciudad. Cuestionó que las cámaras de seguridad sí funcionen para personas adineradas, pero no para el resto de la población.

• Delci del Carmen Ramírez: madre de Alix Valeria González, víctima de un atraco donde murió resultado de la caída de la moto donde se transportaba, lamentó que, por falta de cámaras de seguridad, no se sepa con certeza qué ocurrió. Pidió a la Administración ponerse en los zapatos de ella, como madre que perdió a una única hija y que hoy exige justicia.

• Libia del Carmen Hoyos Padilla reclamó que la seguridad no debe centrarse solo en el centro de la ciudad. Señaló que, en su barrio, San Francisco, hay una inseguridad constante, e hizo un llamado a las autoridades en busca de una mejora en su comunidad.

• Marebis Sheck, de la fundación Mujeres Energía que Todo lo Transforma, pidió la destitución del director de Distriseguridad. Solicitó operativos constantes en gastrobares donde se consumen sustancias psicoactivas, algunos de propiedad de policías. Invitó a la secretaría de participación a tenerlas en cuenta, y pidió también su cambio, al denunciar que no se brinda ayuda a adultos mayores ni se hace seguimiento a sus bases de datos.

• Germán Samuel Gutiérrez señaló que no se puede ocultar la realidad de la ola de inseguridad. Se mostró inconforme con el mal funcionamiento de las cámaras, especialmente en los casos ya mencionados.

• Mariana León, de Caribe Afirmativo, expresó preocupación por el plan Titán, señalando que afecta de forma desproporcionada a comunidades históricamente marginadas, en lugar de a verdaderos delincuentes. Denunció que la estrategia perpetúa la estigmatización de personas LGBTIQ+ que ejercen trabajo sexual, mediante operativos arbitrarios que afectan su dignidad.

• Génesis Gutiérrez denunció discriminación hacia mujeres negras, a quienes por su forma de vestir se les confunde con trabajadoras sexuales en el centro histórico, siendo retiradas del espacio público. Afirmó que la administración y la policía ejercen discriminación hacia varios grupos sociales a través del Plan Titán 24.

• Adalgisa Pérez advirtió que Cartagena, como ciudad turística, puede atraer redes criminales. Indicó que las cifras no reflejan la magnitud real de los hechos de inseguridad. Denunció un caso en Bocagrande donde dispararon desde una camioneta contra una mujer, pero, al tratarse de hijos de élites locales, la policía no actuó con el mismo rigor que contra otros ciudadanos. Exigió una política pública sobre el tema.

• Antonio David Castellanos criticó la ausencia de los funcionarios, quienes deberían estar explicando las causas de la inseguridad y las acciones para combatirla.

• Alicia Cardilles, lideresa sindical, denunció que en espacios sindicales privados el ESMAD ha hostigado a los trabajadores. Afirmó que las mujeres no están seguras ni en espacios públicos ni privados. Pidió revisar el plan Titán, alertando que no solo los jóvenes en riesgo son víctimas del conflicto social, sino también niñas y niños reclutados en colegios públicos para trata de personas. Afirmó que la ciudad ya no pertenece a los cartageneros, sino a extranjeros que privatizan el espacio público.

• Aldo Lora informó que este año han asesinado a dos líderes comunales sin que el alcalde se haya pronunciado. Indicó que hay más de 60 líderes amenazados, frente a los 43 de la administración anterior, lo que ha provocado desplazamientos forzosos. Lamentó la falta de respuesta de la administración y la UNP. Cuestionó que Distriseguridad instaló unas cámaras de seguridad en su sector hace un año que realmente no funcionan. Recordó que el Concejo ha aprobado cuantiosas cifras a la Alcaldía pero no hay resultados reales y le hizo un llamado de atención al alcalde porque funcionarios están haciendo campaña en sus funciones e indicó que estos mismos perfilan a los lideres que se manifiestan en contra de las gestiones.

• Jhony Jiménez, del cuerpo de salvavidas, reafirmó la crítica situación del sector. Pidió fortalecer su labor ante el creciente flujo de turistas y condiciones cambiantes del mar. Solicitó la entrega oficial y las garantías para el mantenimiento de los equipos necesarios, además de crear protocolos para que el uso de estos sea solo para uso de salvavidas.

Participación de los concejales

El concejal Javier Julio Bejarano, autor de la proposición, subrayó la importancia del control político frente a la situación de inseguridad en la ciudad. Criticó la excusa del director de Distriseguridad, señalando que si estaba en capacidad de ejercer funciones de forma remota, también podía participar virtualmente en el debate. Lamentó la falta de voluntad para rendir cuentas ante la corporación y presentó un informe técnico sobre el funcionamiento del sistema de seguridad.

Por su parte, el concejal Armando Córdoba hizo un llamado a asumir la magnitud de la crisis de seguridad, denunciando la inacción institucional frente al crecimiento de estructuras criminales que controlan territorios. Reafirmó la necesidad de construir una agenda de ciudad para recuperar el control y la confianza ciudadana.