El Consejo de Estado, declaró, en primera instancia, la muerte política de Iván Leónidas Name Vásquez, elegido como senador de la República para el periodo constitucional 2022-2026, quien además fungió como presidente de esa Corporación para la legislatura 2023-2024, por tráfico de influencias debidamente comprobado.
Los hechos en los que se sustenta esta decisión están relacionados con la entrega de sumas de dinero al señor Iván Leónidas Name, por parte de los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y con la intervención de los altos funcionarios del Estado, Carlos Ramón González y Sandra Ortiz, con el propósito de favorecer las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que se tramitaban en el Senado de la República, entre ellas, el proyecto de reforma pensional.
Se demostró que cuando el señor Name ostentó la condición de congresista, recibió una suma de dinero derivada del acuerdo alcanzado para impulsar el trámite legislativo con recursos del erario, destinados a atender las necesidades del departamento de La Guajira.
La conducta desplegada por el entonces congresista resultó contraria al principio de representación democrática, a la integridad ética del mandato representativo, a la dignidad parlamentaria y a la rectitud, pulcritud y decoro que envuelven el cargo de congresista, cuyo ejercicio debe estar al servicio del interés general. Por ello, la sanción de pérdida de investidura cierra de manera definitiva al señor Iván Leonidas Name la posibilidad de volver al Congreso.
El expresidente del Senado de la República fue señalado por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, de aparentemente recibir 3.000 millones de pesos de un contrato de la entidad para, supuestamente, apoyar las reformas que estaba impulsando el gobierno de Gustavo Petro en el Legislativo.
