Continúa controversia entre Distrito y contratistas por Vía Playetas en la isla de Barú

La sesión del Concejo Distrital contó con la participación del director de Valorización, Secretario de Hacienda, Tesorero, jefa de Oficina Asesora Jurídica, representante legal del Consorcio Vial Isla de Barú, e interventor del contrato, con el fin de adelantar un debate sobre la controversia por las obras en el sector Playetas.

Iniciado el orden del día, se dio lectura al documento donde el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) se declara impedido para participar del debate, por un conflicto de intereses, ya que su padre funge como apoderado del consorcio vial dentro del tribunal de arbitramento donde cursa la demanda en contra del Distrito. Este impedimento fue aprobado con 15 votos a favor y 3 ausentes (Curi, Lozano, Toncel).

La introducción del debate estuvo a cargo de los concejales citantes César Pión (La U) y Fernando Niño (Conservador). Pión explicó que el consorcio vial Isla Barú, que tiene a su cargo la concesión de la vía a Barú, realizó denuncias sobre las obras del sector Playetas, por lo que el objetivo es informar al respecto.

Lo anterior, teniendo en cuenta que presuntamente las obras de KMC harían parte de las actividades del Consorcio Vial Isla de Barú, y que el trabajo de KMC se encuentra detenido ante una medida cautelar del tribunal de arbitramento.

Para el concejal Niño debe explicarse si la fase 1 del pedraplén de Barú se encuentra en riesgo, pues hay un informe que así lo determina, pero también existe otro concepto que señala que no hay riesgo.

También llamó la atención por el mantenimiento a la vía, toda vez que se encuentra deteriorada y el consorcio asegura que no está a cargo del mantenimiento pero la Administración opina lo contrario; además, pidió aclarar si es cierto que se contempla la instalación de un peaje para el mantenimiento de la vía.

Inicialmente, el director de Valorización, Javier Moreno, explicó que el contrato entre el Distrito y KMC contiene un componente ambiental y otro de obras, pero la medida cautelar proferida por el tribunal determina “evitar ejecutar obras en el terraplén protector de Playetas de la isla de Barú que sean similares o afines a las que son objeto de la controversia”. De acuerdo al funcionario, la medida cautelar preventiva no se refiere al componente ambiental.

Efraín Amín, representante legal del Consorcio Vial Isla de Barú, expresó que la medida cautelar suspende cualquier actividad afín a las obras del pedraplén, y la parte ambiental es un requisito previo para su construcción. Sin embargo, el director de Valorización manifestó que, si suspenden todas las obras, el contrato con KMC también quedaría suspendido y el tribunal dio a entender que el mismo continua vigente.

Por otro lado, Moreno señaló que el acta de inicio del contrato con KMC es de 2019 y este año se pasó la cuenta de cobro para cancelar el anticipo, se le dio trámite y se había autorizado el pago hasta que el abogado del consorcio le solicitó abstenerse del pago. También expresó que las obras que sí se están adelantando no son similares a las de la vía Barú.

El representante del Consorcio Vial expresó que, si existía medida cautelar desde el 28 de febrero, Moreno no debió ordenar el pago de la cuenta, pues las obras estaban suspendidas. Además, indicó que la concesión tiene un tramo de 31 Km, entre los que está Playetas y la obra del pedraplén, por lo que ninguna sección del tramo debería ser intervenida por terceros hasta que un laudo arbitral determine quién tiene la razón.

Los concejales Fernando Niño (Conservador) y Rodrigo Reyes (Conservador) pidieron aclarar cuáles son las obras que se están adelantando con KMC, y las consideradas obras afines. Por lo anterior, el subdirector técnico de Valorización, Jorge Rejtman, explicó que la licencia ambiental expedida por ANLA contempla pasos de fauna, un plan de monitoreo y seguimiento, plan de manejo ambiental, etc.

Durante la intervención, el concejal César Pión (La U) solicitó que antes de ahondar en los aspectos técnicos se definan los aspectos jurídicos, y que se determine si la obra debe detenerse en su totalidad o no.

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) expresó su desacuerdo con adjudicar estas obras a un tercero y no al concesionario; además, destacó que Valorización en días pasados informó que no se haría el anticipo. También expresó que para determinar si las obras están o no cobijadas por la medida cautelar debería esperarse la decisión del tribunal y así evitar un posible detrimento patrimonial.

Para el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) mal haría la Administración en suspender totalmente las obras si no lo obliga la medida cautelar. Sin embargo, el concejal Barrios resaltó que la discusión se centra en que cada entidad, ya sea Valorización o el tribunal, puede presentar un concepto diferente de las obras afines.

El concejal César Pión (La U) destacó que lo que busca la Corporación es advertir al Distrito sobre posibles impactos ambientales, detrimentos económicos o demandas por equivocaciones u omisiones.

Al respecto, el director de Valorización aseguró que se dará cumplimiento a la medida cautelar y se continuará con las obras que no sean afines, pues de no ser así se estaría bajo incumplimiento del contrato con KMC. Pese a lo anterior, para Efraín Amín, el contrato de concesión es una integralidad, por lo que no puede pensarse que hay un componente que no está sujeto a la medida cautelar.

En cuanto al mantenimiento de la vía a Barú, el director de Valorización indicó que es una obligación del concesionario y no hay evidencia de que se excluyera al concesionario de estas obligaciones.

Actualmente se está gestionando la interventoría y la consecución de recursos para liquidación final del contrato. Para asegurar el mantenimiento se vienen analizando varias alternativas, entre las que están la instalación de un peaje, que Secretaría de Infraestructura se haga cargo del mantenimiento, y otras, pero aún no se ha definido.

De acuerdo con el funcionario, se han efectuado 4 contratos para intervenir Playetas: un contrato suscrito entre Gobernación, concesionario y Distrito; interventoría para la primera etapa; contrato de optimización con KMC; y contrato de interventoría de segunda etapa.

Efraín Amín señaló que cuando se firmó el contrato de concesión en 2006 fue necesario ajustar diseños y el valor aumentó a $60 mil millones, por lo que se decidió eliminar algunas obras, la operación y mantenimiento de la vía para que el valor se redujera a $54 mil millones.

Amín reiteró que el mantenimiento no está a cargo del concesionario y desde 2012 cuando el Distrito recibió los 23 Km de obra, se ha insistido en que la vía se ha deteriorado por falta de mantenimiento.

Posteriormente, el tesorero distrital, Luis Cano, detalló que desde marzo de 2020 recibió el oficio que autorizaba el pago a KMC y se encontraron inconsistencias que fueron atendidas, pero finalmente se les solicitó abstenerse de efectuar el pago.

Más adelante, Enrique Posada, interventor del contrato 020 de 2019 suscrito con KMC presentó lo siguiente:

• El contrato tiene un valor de $19.665.785.258 fue adjudicado el 23 de diciembre de 2019, con un plazo de ejecución de 7 meses. El objeto es “obras de optimización del pedraplén para conformación de la cimentación de la vía transversal Barú en el tramo 2 de Playetas”

• El acta de inicio es del 30 de diciembre de 2019, y las obras han tenido 2 suspensiones: una el 25 de marzo y se reinició el 13 de abril; la segunda fue el mismo 13 de abril y se reinició el 18 de mayo.

• Las actividades del contrato son: localización y replanteo (por $41.861.655), pedraplén (por $18.202.036.597), paso de fauna (por $1.045.213.816), acero de refuerzo (por $670.736.770).

• El Tribunal denegó la posibilidad de suspender el contrato 020; también determinó que la medida cautelar estará vigente a menos que surjan circunstancias que afecten la preservación de las estructuras o a la comunidad.

• Sisco, la firma encargada de los diseños de la fase I, informó que hay riesgos por rebase de oleaje y por daño de protección marginal.

• Los riesgos por rebase de oleaje son: riesgo muy elevado a seguridad de peatones, bicicletas y motos; riesgo elevado a seguridad del paso vehicular; riesgo moderado a la infraestructura actual.

• Los riesgos por daño de protección marginal son: riesgo elevado en tramos de roca de 40 cm; riesgo reducido en tramos de roca de 60 cm. Estos riesgos pueden ascender si no se actúa antes de octubre.

• En julio se planteó que el fallo del tribunal estaría listo en 8 meses, posterior al límite del riesgo en octubre.

• Las obras que se están ejecutando actualmente son: En el componente ambiental el traslado de organismos y pastos marinos; en el componente de obras el acopio de material y construcción de pasos de fauna.

• • La licencia ambiental fue otorgada por ANLA en 2016, por lo tanto, las actividades ahí determinadas no hacían parte del contrato de concesión inicial.

  • Sobre el anticipo, Posada considera que deben ser girados para que el Distrito perciba los intereses por contar con recursos en fiducia.

  • Para aclarar cuáles son obras afines, Posada explicó que lo relacionado a la licencia ambiental no estaba en el contrato de concesión, por lo que no pueden ser actividades afines y deben seguir en ejecución hasta que se determine si las obras aplican en las excepciones.

  La jefa jurídica distrital, Myrna Martínez, explicó que el panel arbitral está integrado por Rodrigo Martínez Torres, Néstor Osorio Moreno y Nicolás Pareja Bermúdez, y aclaró que la medida cautelar ordenó suspender las obras hasta que se determine cuál empresa debe ejecutarlas; sin embargo, el tribunal negó la solicitud de suspender el contrato 020-2019.

  Martínez precisó que no tiene competencias para autorizar pagos de contratos de obra, por lo que no es cierto que autorizó el reinicio de obras o pagos. También explicó que el consorcio ha convocado 3 laudos arbitrales contra el Distrito en 2013, 2016 y el actual. Para la funcionaria, debido al informe de riesgos, se podría estar ante las circunstancias excepcionales señaladas por el panel arbitral.

  Por su lado, el represente legal del consorcio dio a conocer que en un oficio la jefa jurídica estableció “que se proceda con la continuación de trámites para dar inicio a las obras”. Además, insistió en que las obras ambientales sí hacen parte del contrato de concesión.

  Para el concejal César Pión (La U) las obras deberían estar suspendidas, pues no podrían desligarse las obras de lo ambiental, ya que es un tema de protección ambiental; sin embargo, sería pertinente que se le informe a ANLA de la situación, ya que no puede ponerse en riesgo la mitigación ambiental.

  El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) presentó una certificación de 2018 en la que el director de Valorización indica que las obras de protección para defensa costera de Playetas no hacen parte de la concesión. Además, se mostró en desacuerdo con no continuar las obras pues debe priorizarse el interés de la comunidad.

  El concejal Fernando Niño (Conservador) expresó que si la decisión del tribunal es desfavorable para el Distrito, deberá indemnizarse a KMC o a la concesión, por lo que deben promoverse decisiones que traigan menores consecuencias a la ciudad. Además, resaltó que van dos laudos arbitrales y un proceso ejecutivo en contra del Distrito. También destacó que, si no se realiza el mantenimiento a la vía, podría ponerse en riesgo la inversión efectuada a la fecha y se mostró en desacuerdo con la alternativa de instalar un peaje.

  En cuanto a la certificación mencionada por el concejal Reyes, el representante del consorcio indicó que determinar si las obras de Playetas corresponden a la concesión es precisamente lo que motivó el proceso.

  Al respecto, el concejal Reyes manifestó que si Playetas fuera del consorcio no debería haberse dado un contrato con la Gobernación sino que debieron asumirse las obras, y tampoco debieron participar de la licitación de 2019, pues solo hay un reclamo porque no ganó el proceso. Sin embargo, Efraín Amín aseguró que la concesión no hizo parte de la licitación mencionada.

  Continuando con el orden del día estaba programa la integración de la Comisión de Equidad de la Mujer, pero a petición de la concejal Liliana Suárez (ASI) se dio un receso de 25 minutos para aclarar dudas jurídicas.

  Al retomar la sesión, la jefa jurídica del Concejo, Tatiana Romero, explicó que la comisión se crea en cumplimiento a la Ley 1981 de 2019 y deben conformarla las mujeres de la plenaria; sin embargo, recomendó elevar una consulta a MinInterior para aclarar si es posible que se pertenezca a dos comisiones permanentes, teniendo en cuenta que de conformarse esta comisión, no habría participación femenina en otras comisiones.

  Para tratar temas relacionados a equidad de género, Romero propuso la creación de una comisión accidental o una reunión de las tres comisiones permanentes. En este sentido, se determinó conformar una comisión accidental compuesta por los concejales Kattya Mendoza, Liliana Suárez, Gloria Estrada, Carolina Lozano, Claudia Arboleda, Cesar Pión y Wilson Toncel.

  Luego, se dio lectura al Proyecto de Acuerdo presentado por el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) “Por medio del cual se reglamenta la ley 2023 de 2020 por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación y se dictan otras disposiciones”. Barrios indicó que el objetivo es fortalecer económicamente al IDER.

  En ese sentido, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) propuso dar trámite de urgencia a la iniciativa y coordinar mesas de trabajo con Secretaría de Hacienda. Al respecto, el Secretario de Hacienda, expresó que analizará el impacto financiero del proyecto.

  Luego, fue aprobada con 13 votos a favor y 5 ausentes (Caballero, Barrios, Curi, Lozano y Toncel) una proposición de la Comisión del Plan en la que piden información a Secretaría de Planeación sobre POT, APP en curso, Aquarella, etc.

  Seguidamente, la concejal Gloria Estrada (Liberal) se refirió al proyecto de incorporación de $21.000 millones para centros de salud, pues en el libro blanco se presentaron presuntos casos de corrupción relacionados con los centros de salud, pero los recursos del proyecto son para los mismos contratistas cuestionados.

  Estrada solicitó que antes de dar segundo debate al proyecto se dé conocer por qué no se continuó la liquidación bilateral del contrato con Coinses y por qué se pide adicionar dinero a los mismos contratos.

  En el mismo sentido, la concejal Carolina Lozano (ASI) pidió aclarar por qué no se liquidó el contrato con Coinses S.A. y explicar si Coinses S.A. tenía facultades para ceder el contrato al consorcio Salud Caribe, toda vez que la empresa está inhabilitada e incumplió el contrato.

  El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) señaló que en el proyecto los recursos ya están comprometidos con la empresa mencionada, pero ante las consideraciones del alcalde es importante aclarar. Así mismo, el concejal Hernando Piña (Liberal) y César Pión (La U) propusieron citar a sesión de comisión con Jurídica y DADIS, pese a que ya se dio primer debate positivo al proyecto.

  El concejal Fernando Niño (Conservador) destacó que este es uno de los temas sobre los que el alcalde Dau ha solicitado celeridad a entes de control, sin embargo, no se liquidó el contrato y se le pidió al Concejo incorporar más recursos para el mismo fin.

  Al respecto, el Secretario de Hacienda, se mostró de acuerdo con convocar a una reunión para resolver las inquietudes.

  Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 28 de julio de 2020; a las 8:30 a.m. a través de videoconferencia.