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A las 2 de la tarde de hoy miércoles se reanuda la audiencia pública que se sigue contra la expresidente del Concejo de Cartagena Gloria Estrada, su compañero sentimental Martín Barreto y Avelino Villamizar, tras hallarle la policía un paquete con un kilo de drogas el pasado mes de enero en un vehículo en el barrio Manga de esta capital.
El juicio fue suspendido el lunes pasado, luego de ocho horas de sesión y en donde se sacaron a relucir unos audios comprometedores por parte del abogado de Estrada, Enrique Del Rio, de una conversación entre Barreto y un capitán de la Policía Metropolitana.
Los audios comprometerían al Edil Pedro Aponte, al alcalde Local Andy Reales y al concejal Luis Cassiani, quienes aparentemente se habrían aliado con unos policías para introducir la droga en el vehículo en que se desplazaba la concejala y sus acompañantes hacia el barrio Manga de Cartagena.
La Policía Metropolitana se pronunció a propósito de estas denuncias:
El Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena se permite informar que:
1. Por redes sociales circula información pública y abierta en la que se mencionan presuntas irregularidades en el marco de un procedimiento de Policía, relacionado con la incautación de alcaloide en un vehículo que era objeto de verificación en Cartagena.
2. Teniendo en cuenta el objetivo del Proceso de Transformación Integral de la Policía Nacional, desde el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena se puso esta situación en conocimiento de las autoridades judiciales competentes a fin de que se verifiquen las situaciones descritas, estableciendo posibles responsabilidades disciplinarias o penales.
3. Desde el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena se dispondrá, igualmente, de todas las capacidades que en tal sentido se requieran.
4. La Policía Metropolitana de Cartagena rechaza cualquier hecho o decisión individual que menoscabe los principios y valores institucionales, así como la disciplina y el honor policial.
5. De igual forma, la Policía Nacional recalca que es una Institución garante del debido proceso y de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales competentes.
