Coronel del Ejército habría recibido dinero para entregar información al ELN y disidencias

Elementos materiales probatorios dan cuenta de un primer pago de 15 millones de pesos en 2020 y, posteriormente, de retribuciones semanales que ascendían a 30 millones de pesos para favorecer el accionar de estos grupos armados ilegales en Arauca y Nariño.

La Fiscalía General de la Nación identificó el presunto actuar delictivo del coronel del Ejército
Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho, señalado de concertarse con el ELN y con estructuras de las disidencias de las Farc para entregarles información reservada sobre operaciones militares.

Los hechos investigados se remontan a 2020, cuando el oficial se desempeñaba como comandante de un batallón con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, en Arauquita (Arauca). Allí habría recibido 15 millones de pesos a cambio de reducir la ofensiva contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.

Años después, en julio de 2025, Pérez Amorocho asumió el mando de una unidad élite con presencia en los municipios nariñenses de Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco, además de algunas zonas de Cauca y Valle del Cauca.

En el período comprendido entre enero y mayo del año en curso, al parecer, entabló vínculos con el Bloque
Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el uniformado habría pactado el pago de 30 millones de pesos semanales a cambio de alertar sobre los movimientos de la fuerza pública para facilitar el transporte de estupefacientes, armas, municiones y dinero.

Al coronel también se le atribuye haber impedido el avance de las tropas a un punto de intervención específico para que los cabecillas de una estructura armada tuvieran tiempo de escapar en lanchas rápidas antes de ser capturados, durante una ofensiva realizada en Nariño, en abril de este año.

Cuando las unidades militares finalmente ingresaron a la zona no encontraron las caletas con estupefacientes y armamento sobre las cuales tenían información porque alcanzaron a ser recogidos por los integrantes del grupo ilegal. Los narcóticos hallados, presuntamente por den del propio oficial, fueron arrojados al río para que la organización ilícita pudiera
recuperarlos posteriormente.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
El procesado no aceptó los cargos.