Cuando el chiste se convirtió en delito
Por: Orlando Díaz Atehortúa
Hay historias que fueron contadas durante años. Algunas parecían graciosas; otras no tanto. Reaccionábamos con asombro e incredulidad; algunas veces nos sonrojábamos. Los tiempos cambian: lo que apenas era reprochable, desde el campo moral, hoy constituye delito.
Eso acaba de ocurrir con la ley “No Más Zoofilia” —Ley 2627 de 2026—, sancionada el 24 de agosto, que creó el tipo de acceso carnal con animales, incorporado como el artículo 339D. Establece prisión de 48 a 55 meses (hasta 140 en casos agravados), inhabilidades y prohibición de tener bajo su cuidado este tipo de seres, además de multas.
No es una simple modificación nominal: el legislador reformuló el capítulo respectivo del Código, que dejó de concentrarse solo en la muerte o el maltrato físico, reconociendo una dimensión de integridad sexual.
No se ha quedado en letra muerta: la primera aplicación se dio en San Vicente de Chucurí, Santander, donde la Fiscalía judicializó a Edwin Lionicio Vélez Cardozo, investigado por hechos relacionados con una perrita llamada “Luna”, hallada con lesiones y alteraciones de comportamiento. El procesado no aceptó cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento intramural, dentro de un asunto que aún debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
Los animales, desde hace algún tiempo, ya no son jurídicamente “seres cualquiera”: esa transformación se conecta con la Ley 1774 de 2016, que los reconoció como seres sintientes, y con la jurisprudencia constitucional, que ha señalado que poseen necesidades que merecen protección, sin atribuirles derechos fundamentales idénticos a los humanos. Se relieva: la Corte Constitucional ha sido clara en esta materia; mediante la Sentencia C-041 de 2017, respaldó el deber de protección animal, derivado de la calidad de ser seres sintientes, entendiendo que ese reconocimiento refleja una conciencia moral y una responsabilidad de los humanos frente a otras especies, sin equipararlos a sujetos de derechos fundamentales, idénticos a las personas.
Adenda: En días recientes se presentó una tutela encaminada a salvaguardar la integridad de los menores de edad, que conforme al artículo 18 de la Ley 1098 de 2006 comprende protección frente a toda conducta que pueda ocasionarles daños o sufrimientos psicológicos.
El despacho judicial competente consideró que, mientras se determina si las publicaciones pueden catalogarse como violentas o explícitas y, por tanto, susceptibles de generar afectación, resultaba necesario adoptar una medida transitoria, a efectos de evitar un perjuicio irremediable, máxime cuando el contenido permanecía disponible al público a través de unas red social de amplia circulación, como Instagram, de Meta Platforms Inc. Así las cosas, ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia —Dapre— que, dentro del término de un día, procediera al ocultamiento de la publicación difundida desde la cuenta @infopresidencia, donde se observaba a ADLE pavoneándose y caminando, en forma grotesca, entre unos bultos que contenían cadáveres.
Esta cautelar se profirió mientras deviene la decisión de fondo. Conviene recordarlo: este tipo de decisiones jurídicas deben ser entendidas por todos los colombianos, sabiendo que los jueces están para garantizar la dignidad y los derechos de todos.
Orlando Díaz Atehortúa
Columnista

