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Durante el debate de control político a la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a los comerciantes de la ciudad que requieren que la alcaldía socialice y mejore las condiciones del decreto que tiene como finalidad ampliar los metros cuadrados de espacio público.
Las principales quejas de los comerciantes informales se enfocaron en que el decreto que regula el espacio público, perjudica el comercio, por lo que solicitaron crear una mesa de trabajo para dialogar directamente con el Alcalde para buscar estrategias que beneficien a ambas caras de la moneda.
Otro punto clave fue la falta de socialización del decreto, ya que los comerciantes que se manifestaron en el recinto de la democracia aseguran que las redes sociales fueron el único medio por el cual la alcaldía dio a conocer lo que busca con este decreto que presentará más adelante.
En su intervención, Camilo Blanco, Gerente de Espacio Público y Movilidad (e), desglosó los ejes principales que hacen parte de este borrador y explicó que las acciones que se quieren realizar son exigidas por el Gobierno Nacional mediante decretos que buscan el aprovechamiento del espacio público.
“Este proyecto tiene unas intenciones y propone unos cambios. Nosotros hemos recuperado este proyecto y nos dimos cuenta de la falta de socialización, por eso lo subimos a la página web. Hemos recibido varias solicitudes de la ciudadanía las cuales estamos respondiendo, la privatización del espacio público es falso, solo estamos cumpliendo directrices de nivel nacional”.
El funcionario distrital aseguró que el principal objetivo de este proyecto es el aprovechamiento económico, bajando los niveles de competitividad informal, la cual afecta al comercio en general.
El concejal citante, Javier Julio Bejarano, demostró que el gerente de Espacio Público no conoce la ciudad, algo fundamental para poder tomar decisiones orientadas a que mejoren la calidad laboral de los comerciantes informales de Cartagena.
En la misma medida, Bejarano afirmó que la intención real de este proyecto es desplazar a los trabajadores informales de algunos sectores de la ciudad, ampliando la privatización del espacio público. “El 60% del empleo en Cartagena es informal, según el Dane, esto sostiene al pueblo, y no podemos cercenarlo. Hoy nuestra gente vive de la informalidad y del comercio. Acá se le vulneran los derechos a todos, así estén cobijados por la ley”.
El concejal César Pión dijo que la economía informal en Cartagena es la más vulnerable y no tiene ningún amparo por parte del distrito. “Este decreto, sin tener el conocimiento del territorio, va a acabar con la poca dignidad que tienen los vendedores informales de la ciudad. Ellos no tienen para pagar ni la seguridad social y no hay ningún respaldo de programas sociales que garantice su dignidad”.
A su vez, el cabildante Carlos Barrios sugirió que el Distrito tenga una comunicación asertiva con las comunidades y no por las redes sociales, sino, por los verdaderos medios de comunicación masivos. Siguiendo con su intervención, Barrios insistió en que el sistema de tarifa diferencial no ha dado resultados en las actividades en las que se ha implementado.
Foto cortesía.
