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La idea es entregar en concesión a los explotadores del espacio público, andenes, parques, plazas y calles para que paguen al Distrito por ese uso económico en toda Cartagena.
El nuevo decreto que propone la Alcaldía para reglamentar el aprovechamiento económico tiene la visión de una “ciudad-centro comercial al aire libre”, que conlleva a la privatización del espacio público en beneficio de quienes tienen dinero.
La privatización del espacio público adolece de planeación urbana para lograr una ciudad equilibrada y sostenible, el decreto excluye a la Secretaria de Planeación del proceso y lo deja en manos de la Gerencia de Espacio Público.
Al entrar en vigencia este decreto golpea fuertemente el tejido comunitario de la ciudad, pues todas las Juntas de Acción Comunal, y demás asociaciones comunitarias deberán pagar para realizar sus actividades en su propio espacio público. Es decir, que ponen al mismo nivel una jornada comunitaria o la celebración de una tradición, con una actividad económica que busca lucrarse del espacio que es de todos.
Entrarían a competir por el espacio público las multinacionales con los vendedores informales, pues no se establece ninguna diferencia de tarifas según las capacidades económicas. Se privatiza el espacio público en detrimento de las comunidades, a favor del poder económico al tiempo que se genera más caos.
El decreto colgado en la página de la alcaldía sin ninguna difusión en prensa, fue revisado por residentes del Centro Histórico, quienes consideran que los vecinos de esta parte de la ciudad serían los más perjudicados porque se desconocen los derechos y la convivencia de la comunidad ahí domiciliada.
El Colectivo de Residentes Somos Centro Histórico considera que la nueva norma no controla el desorden de la ocupación del espacio público que reina en la zona, sino por el contrario, que privilegia a quienes puedan pagar por invadir andenes, parques, plazas y calles sin importar la normatividad y legislación que protegen los derechos de la comunidad y la protección del patrimonio inmaterial que recomienda la UNESCO para mantener la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad.
Ante esta situación que, a todas luces la cura es peor que la enfermedad, el Colectivo denuncia que sin estar en vigencia el decreto ya las autoridades distritales lo están implementando con las comunidades, es el caso de los vecinos de Getsemaní que solicitaron permiso para las actividades culturales y comunitarias con motivo de la celebración del día de las madres, y les exigieron pagar una tarifa de un salario mínimo para permitirles realizar la jornada. Esta actividad anteriormente, como las demás actividades comunitarias y celebraciones de tradiciones no han requerido pago al Distrito.
También, el Distrito impidió que en Semana Santa las costureras del cabildo de Getsemaní pudieran mostrar a visitantes y propios de la ciudad las prendas que elaboran, y así poder insertarse en el circuito económico que genera el barrio que ellos han cuidado por más de diez generaciones. Como la solicitud era para la semana mayor, el argumento de la Alcaldía fue negarlo: “Viene mucho turismo”. Entonces, la comunidad no puede usar el espacio público, porque se destina exclusivamente a la industria turística formal e informal, o el turismo de exceso nocturno que tanta mala imagen le está dejando a Cartagena.
Para el Colectivo la administración distrital lo que menos le interesa son los derechos de los residentes del Centro Histórico, que son los que recomienda la UNESCO para mantener el título de Patrimonio de la Humanidad a Cartagena, y que protege la norma nacional, mucho menos, considera a los vecinos insertarse en las dinámicas económicas con actividades de turismo comunitario, pues el decreto en borrador de la Alcaldía niega esa posibilidad. Los residentes se preguntan: “¿La Alcaldía está regulando el Centro Histórico para quién? ¿Para los que en teoría pueden pagar?”
El Colectivo concluye que con el nuevo decreto la comunidad residente queda excluida del uso y disfrute del espacio público de su propio territorio. Es decir, que la propuesta de la Alcaldía es la de beneficiar a los que tengan muchos recursos económicos para hacer eventos, favoreciendo la turistificación del Centro Histórico, en detrimento de la comunidad residente y de bajos recursos, y de la protección al patrimonio.
