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Desde la Oficina Jurídica se ejercerá la defensa del Distrito ante las posibles acciones judiciales que sobrevenga, una vez se ejecute la restitución del espacio público ocupado indebidamente por el proyecto habitacional Aquarela._
Cartagena de Indias, D. T. y C., 25 de octubre de 2020. Luego de que el alcalde, William Dau Chamat, anunciara el pasado 21 de octubre que hará cumplir la orden de restitución del espacio público ocupado de manera ilegal por el edificio Aquarela, se conoció que algunas personas buscan tramitar acciones judiciales en contra del Distrito.
Respecto a esto, Myrna Martínez Mayorga, Jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena, indicó que desde esta dependencia se atenderá cualquier tipo de reclamación y se defenderán los intereses de la Administración con la plena convicción que dicha decisión cuenta con todo el respaldo legal requerido.
“Desde la Oficina Jurídica de la Alcaldía se prevé atender cualquier reclamación que se presente en contra de la Administración Distrital, para ello nos hemos acompañado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para el Estado ( ANDJE), como de la misma Procuraduría, quienes en conversaciones que hemos sostenido en mesas de trabajo complementan el blindaje jurídico que respecto de la Administración pueda implicar una posible responsabilidad en acciones futuras que se presenten por parte de quienes consideren resultan afectados”, aseguró la Jefa de la Cartera Jurídica del Distrito.
Vale la pena aclarar, que la restitución de los 619 metros cuadrados de espacio público ocupados de forma indebida por la edificación no es una decisión caprichosa del Gobierno Salvemos Juntos a Cartagena, se trata de una orden contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que está pendiente de ejecutarse.
Por tanto, la acción que procede es la demolición de la edificación por parte de la Administración, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ante el incumplimiento de la constructora de ejecutar la orden proferida por parte de la Inspección de Policía.
Así las cosas, como Administración seguiremos trabajando en conjunto con las autoridades correspondientes, como lo son el Ministerio de Cultura, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Procuraduría General de la Nación, entre otras, para cumplir lo ordenado, teniendo siempre como prioridad minimizar el riesgo para los vecinos, la infraestructura histórica y conservar el título como Patrimonio de la Humanidad.
Por lo pronto, el Alcalde ya solicitó a la UNGRD la hoja de ruta para seguir adelante con la demolición de la torre uno de la edificación, lo cual permitirá establecer las acciones a seguir para la restitución del espacio público.
