
Cuatro integrantes de la Policía Nacional fueron capturados por su presunta participación en las agresiones y omisiones que habrían provocado la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años, quien falleció el pasado 20 de septiembre después de permanecer bajo custodia policial en la estación de Cazucá, en Soacha, Cundinamarca.
Las órdenes de captura fueron materializadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, durante operativos realizados de manera simultánea en Soacha y Barbosa, Santander. Entre los detenidos se encuentran un mayor, un subintendente y dos patrulleros.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos se originaron durante un procedimiento policial en el barrio Caracolí, al sur de Bogotá, que buscaba atender una discusión entre vecinos y terminó en un enfrentamiento entre civiles y uniformados.
Según los elementos probatorios recopilados, Balanta Paz habría sido señalado de lanzar un objeto contundente contra varios policías. Posteriormente, el subintendente y tres patrulleros presuntamente lo esposaron, golpearon con puños y patadas en distintas partes del cuerpo y le aplicaron descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser.
Las autoridades sostienen que las agresiones habrían continuado en la estación de policía de Cazucá. Allí, el hombre habría solicitado reiteradamente atención médica debido a dificultades para respirar y fuertes dolores en el pecho. Incluso, otra persona que permanecía detenida pidió que lo auxiliaran.
La investigación también señala al mayor que se desempeñaba como comandante de la estación, por una presunta omisión en la activación de los protocolos de atención médica y en la prevención de las agresiones. Según la Fiscalía, el oficial habría tenido conocimiento del deterioro físico del detenido y de sus llamados de auxilio.
Cerca de 20 minutos después, cuando Balanta Paz perdió el conocimiento, fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció durante la noche del 20 de septiembre.
El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una arritmia cardíaca asociada a descargas eléctricas. Además, documentó quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima.
Los cuatro uniformados serán presentados ante un juez de control de garantías. Durante las audiencias, un fiscal especializado en violaciones a los derechos humanos les imputará, según su presunta participación individual, los delitos de homicidio y tortura agravados.
Las responsabilidades individuales deberán establecerse en el curso del proceso judicial.