En Chalán, URT socializa primera sentencia de restitución con enfoque colectivo campesino en Colombia

En un acto protocolario realizado en el corazón del municipio de Chalán, departamento de Sucre, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) socializó la primera sentencia en Colombia con enfoque sujeto colectivo campesino, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Sincelejo.

Durante la jornada se realizó la entrega material de 200 hectáreas del predio ‘Manzanares’, una decisión que busca garantizar los derechos territoriales de 16 núcleos familiares campesinos afectados por el abandono forzado. La audiencia tuvo un carácter pedagógico y participativo, en la que se explicó a la comunidad el alcance de las órdenes impartidas en la sentencia, los derechos reconocidos y las obligaciones derivadas de la decisión judicial.

Para Aura Bolívar, subdirectora general de la Unidad de Restitución de Tierras, la sentencia, primera en reconocer a un sujeto colectivo campesino, también incorpora dos dimensiones adicionales fundamentales en la política de reparación integral. La primera tiene que ver con el reconocimiento de las afectaciones diferenciales a las mujeres y otras poblaciones a quienes se les deben aplicar medidas de atención diferencial.

La funcionaria también destacó el enfoque ambiental, que es muy importante dentro del fallo: “claramente la restitución de tierras debe tener un fuerte compromiso con la justicia ambiental y este componente ha sido traído por la Jueza Primera en Restitución de Tierras. Y también es una prioridad para la comunidad de Manzanares, en el marco de la lucha por su territorio y de mantenerse en él. Sin duda alguna, este fallo constituye un caso emblemático”.

Larga lucha por recuperar tierra y derechos La historia de la comunidad campesina del predio ‘Manzanares’ se remonta a 1989, con el ingreso de las primeras familias al territorio. Entre 1990 y 1992, el entonces INCORA formalizó las adjudicaciones bajo la modalidad de predio común y proindiviso, figura que mantuvo un solo folio de matrícula inmobiliaria y consolidó un modelo solidario de organización social, productiva y ambiental.

A partir de 1996, los hechos de violencia asociados a la incursión de frentes de las Farc en la zona rural de Chalán provocaron asesinatos, saqueos, afectaciones a la identidad colectiva y el abandono forzado de tierras por parte de varias familias. En 2010, el entonces INCODER adelantó una intervención administrativa que favoreció únicamente a los ocupantes presentes y excluyó a las familias desplazadas. Además, la división del predio en lotes generó interpretaciones de propiedad individual contrarias a la naturaleza colectiva del título original.

Con el retorno gradual de campesinos en 2016, la Unidad de Restitución de Tierras asumió la dirección del proceso, documentó la prueba social del abandono forzado y contribuyó a restablecer la naturaleza común y proindivisa del caso. La gestión adelantada por la entidad permitió que, en 2026, la justicia especializada en restitución de tierras reconociera los derechos de la comunidad campesina de Manzanares, respetando sus características identitarias y su modelo asociativo.

Reparación integral Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia corresponde a las medidas de protección ambiental. Aproximadamente el 33 % del territorio hace parte de la reserva forestal de la Serranía de Coraza, condición que implica deberes especiales de conservación. Estas medidas buscan promover una convivencia armónica entre la protección de los recursos naturales y las actividades productivas de las familias campesinas.

“Para este despacho judicial, este fallo representa una oportunidad para brindar justicia retributiva y restauradora, así como para devolverle al colectivo de Manzanares la dignidad que el conflicto armado le arrebató mediante el desplazamiento forzado de su territorio”, expresó María Cristina Arrieta, Jueza Primera del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Sincelejo. La adjudicación del predio en común y proindiviso responde a la forma en que el territorio funciona como una unidad de explotación económica integrada.

Por esta razón, el cumplimiento del fallo requerirá articulación interinstitucional, acompañamiento técnico y formación para fortalecer la economía campesina, con el apoyo de entidades como el SENA y Finagro. Para Víctor Rodríguez, campesino beneficiario de la sentencia, Manzanares es más que un predio: es el territorio donde su comunidad ha construido historia, sustento y lazos de hermandad.

Aunque el conflicto afectó la vida comunitaria, hoy las familias avanzan en la recuperación de la tranquilidad, con acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras y las estrategias del Gobierno Nacional. Con este fallo, la URT avanza a pasos seguros en la reparación integral de las comunidades campesinas víctimas del conflicto armado. La decisión en favor de Manzanares trasciende la restitución material del territorio: también contribuye a restaurar el tejido comunitario, fortalecer la sostenibilidad económica y proteger el entorno ambiental. ¡Con dignidad, cumplimos!