El juez segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le concedió la libertad condicional al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien cumple una sentencia de 17 años de prisión por el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS).
Este miércoles, el juez ordenó la libertad de Arias, uno de los funcionarios de confianza del expresidente Álvaro Uribe Vélez en su mandato de 2002 – 2010, al considerar que ya cumplió las tres quintas partes de la sentencia que le impuso la Corte Suprema de Justicia, informó el diario El Colombiano.
Arias, que estuvo recluido en una guarnición militar, fue condenado en 2014 tras ser hallado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, al celebrar de manera directa tres convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) favoreciendo intereses de terceros.
A través de un comunicado de prensa, Víctor Mosquera Marín, abogado defensor de Arias indicó que “los argumentos expuestos demuestran que se cumplieron con todos los aspectos objetivos y subjetivos: esto es el tiempo físico y descuentos por redención, conforme a que se cumplió con 125 meses y 24 días y dado que la pena impuesta fue establecida en 209 meses y 8 días y que las tres quintas partes de esta equivalen a 125 meses y 17 días”.
Según la decisión judicial, el exfuncionario del Gobierno Uribe Vélez también tendrá que pagar una caución de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Mosquera, además, señaló que durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, Arias cumplió con los requerimientos posibles para redimir su pena, a través de jornadas de trabajo y estudio, con actividades como creación literaria, trabajo ambiental y servicio, entre otros.
Desde agosto del año pasado, el exministro Arias se encontraba bajo prisión domiciliaria, después que sus defensores alegaron buen comportamiento del condenado durante el tiempo que permaneció recluido en la Escuela de Infantería en Bogotá.
“Cumpliendo efectivamente con las condiciones objetivas y subjetivas para ser merecedor de recuperar su derecho fundamental a la libertad. Continuaremos ante los organismos internacionales de derechos humanos demostrando las violaciones a sus garantías judiciales internacionalmente reconocidas de las que fue víctima”, agregó Mosquera en el comunicado.
La libertad de Arias generó múltiples reacciones en el mundo político nacional. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, por ejemplo, dijo que la libertad del exministro se suma a otras decisiones de los últimos días que hacen que no se pueda construir confianza sobre el sistema de justicia del país. “En una semana y ad portas del cambio de fiscal: libertad por vencimiento de términos para Arturo Char. Renuncia del fiscal en los casos de Álvaro Uribe y Óscar Iván Zuluaga. Libertad condicional para Andrés Felipe Arias. ¿Cómo construir confianza en la justicia si lo único que ve el país son garantías de impunidad para las élites políticas que han saqueado el país?”.
Desde la orilla del Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid dijo que Arias nunca debió estar privado de la libertad. “Es muy difícil cuando uno hace una pregunta sobre el caso Andrés Felipe Arias y dicen ‘es un corrupto, es un ladrón’, y resulta que en los procesos por los cuales lo terminan condenando en ninguna circunstancia le adjudican que se haya robado un solo peso, sino que adelantó un convenio de la manera en como no era con una entidad adscrita a la OEA”, declaró en diálogo con la emisora Caracol Radio.
La historia
En 2009, lo que parecía un innovador programa del Gobierno, se convirtió en uno de los entramados de corrupción que más han dado de qué hablar en el país durante la última década.
El programa Agro Ingreso Seguro fue lanzado en 2006, creado por la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura, reglamentado con la Ley 1133 de 2007, con el objetivo de ser una solución para reducir las desigualdades en el sector agropecuario y “proteger los ingresos de los productores para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”. La idea era entregar a los campesinos incentivos económicos directos “bajo el principio de equidad”.
Pero, en 2009 se reveló que entre los beneficiarios de los millonarios subsidios había nombres de poderosos empresarios, terratenientes y famosos, como la exreina de belleza Valerie Domínguez y cuatro integrantes de la familia de su novio, Juan Manuel Dávila. Además, el poderoso terrateniente Ismael Pantoja también estaba en la lista.
La Fiscalía General de la Nación también vinculó al caso a decenas de prestantes finqueros y a altos funcionarios del Gobierno, como el viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, condenado en 2012 a 10 años de prisión.
