Entutelan Resolución de la CREG sobre ahorro de energía en el Caribe
El Ministerio Público busca que se tenga en cuenta las condiciones climáticas de la región Caribe y se excluya de las penalidades por exceder el consumo de energía.
La Personería de Santa Marta presentó una acción de tutela contra la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sobre ahorro de energía.
Este acto administrativo castigará con cobros adicionales a la factura a quienes excedan el consumo promedio de energía y ofrecerá alivios a quienes empleen el ahorro de este servicio público.
De acuerdo con el personero de Santa Marta, Edwar Orozco, se vienen trabajando varias acciones desde el Ministerio Público para defender los derechos de todos los usuarios, no solo de la capital del Magdalena, sino también de toda la región Caribe, dijo el portal zonacero.com
Indicó que la acción de tutela fue interpuesta en contra de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y del Ministerio de Minas.
Contempla dos aspectos fundamentales; el primero es el pago adicional que van a tener que hacer los usuarios que sobrepasen ese límite del 110 % del histórico del consumo individual y, el segundo, los incentivos que recibirían aquellos que hayan implementado el ahorro en el consumo.
Orozco aseguró que esa medida no debió plantearse de esa manera, teniendo en cuenta las grandes diferencias que hay entre regiones.
“No se puede comparar a los usuarios de la región Caribe con los de Bogotá, es imposible, porque nosotros no tenemos las mismas condiciones. Prácticamente, los únicos que se van a beneficiar de este sistema son los usuarios de otras regiones”, mencionó.
La acción de tutela invoca el derecho a la igualdad, dignidad humana y mínimo vital. Asimismo, el derecho a la vida y salud en conexión con el acceso al servicio público domiciliario de energía eléctrica.
Se busca un tratamiento diferencial en esta medida para la región Caribe, que se tengan en cuenta sus condiciones climáticas y de vida.
La tutela fue admitida y se espera que sea resuelta dentro del término legal de 10 días.
“Confiamos en la justicia. Lo que estamos nosotros hoy reclamando es totalmente válido y justificado. Las afectaciones que hoy tenemos por el fenómeno del Niño deben ser tenidas en cuenta al momento de montar este tipo de programas, pero también al tomar este tipo de decisiones”, apuntó.
