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La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Los exfuncionarios son señalados de convocar reuniones, impartir directrices y hacer seguimiento para direccionar proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en beneficio de congresistas, con el fin de asegurar su respaldo a iniciativas gubernamentales en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de tres momentos. Entre junio y septiembre de 2023, habrían intervenido indebidamente en 78 contratos (73 en Invias y 5 en UNGRD), que ascendieron en cuantía a 612.000 millones de pesos, siete de los cuales se concretaron.
Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales en la UNGRD que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos. Estos negocios no alcanzaron a ser celebrados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
Finalmente, se les atribuye mediar de manera ilegal, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, para que un contrato de la UNGRD que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), y comprometía 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas afines a un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó.
En la audiencia fueron acreditadas como víctimas la Contraloría General de la República, Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
