

El uniformado fue imputado por el delito de desplazamiento forzado agravado.
Un ataque a disparos contra una finca en Rionegro (Antioquia), amenazas y seguimientos obligaron a un cantante de música popular, a su familia y mayordomo a abandonar la propiedad en la que residían. Una investigación dirigida por la Fiscalía General de la Nación permitió conocer que estos actos violentos buscaban que las víctimas desistieran de una denuncia presentada.
Inicialmente, la madrugada del 29 de mayo de 2023, cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas llegaron al inmueble ubicado en la vereda Las Cuchillas y dispararon en repetidas ocasiones contra el portón principal. En la vivienda se encontraban la esposa e hijos menores de edad del artista, otros dos familiares, la persona que administraba y cuidaba el bien, y su familia.
Los registros de las cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos responsables, entre ellos Bladimir Alberto Londoño Londoño, quien para ese momento se desempeñaba como comandante de la Estación de Policía de Rionegro y ostentaba el rango de teniente. Los señalados agresores fueron judicializados en su momento y no recibieron medida de aseguramiento.
Posteriormente, los ocupantes de la finca recibieron llamadas y mensajes amenazantes, y detectaron vigilancias que realizaban personas extrañas en inmediaciones del predio. El asedio correspondería a una forma de presión para que fuera retirada la denuncia interpuesta por el ataque armado a la propiedad.
Ante esta situación, las familias del cantante y del mayordomo salieron de Rionegro y se trasladaron a Copacabana (Antioquia), donde adoptaron medidas de protección, entre ellas esquemas de seguridad y vehículos blindados. El cambio de residencia repentino generó afectaciones psicológicas, particularmente en los menores de edad.
En atención a los elementos materiales probatorios recopilados, la Fiscalía obtuvo orden de captura en contra de Londoño Londoño, la cual fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.
El detenido, desvinculado de la Policía Nacional, fue presentado ante una juez penal de control de garantías. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de desplazamiento forzado agravado.
El oficial en retiro no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
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