Para el reconocido abogado con Magister en Derecho Javier Doria , la decisión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó frente al exalcalde de Bogotá y actual senador de la República, Gustavo Petro, es sin duda la más importante que ese organismo judicial ha adoptado con respecto del Estado colombiano.
Señala que en su fallo la CIDH hace un análisis relacionado con el ejercicio efectivo de los derechos políticos en nuestro país, y de manera particular con respecto de las personas que ocupan cargos de elección popular.
En una entrevista para Mundo Noticias, el abogado Doria señala que el caso se remonta al momento en el cual el señor Gustavo Petro siendo alcalde Mayor de Bogotá fue sancionado disciplinariamente por la Procuraduría con destitución e inhabilidad general por 15 años para ocupar cargos públicos.
Esta investigación a la vez tuvo su origen en la situación relacionada con los daños ambientales que se generaron en Bogotá como consecuencia de unos problemas de recolección de residuos sólidos al inicio del periodo como alcalde, situaciones que lo llevaron a unas sanciones de carácter administrativo y de carácter fiscal por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Contraloría, respectivamente,
La Corte concluye que los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta por la Procuraduría en diciembre del 2013, decisión que fue confirmado en enero de 2014.
Finalmente después del análisis la CIDH determina que se le violaron los derechos políticos y ordena dejar sin efecto la sanciones que les fueron impuestas consistente en inhabilidad y destitución del cargo, y ordena al Estado colombiano adoptar determinaciones legislativas para asegurar la imparcialidad de la autoridad disciplinaria, en conclusión deben modificarse nuestro sistema normativo para que la suspensión de funcionarios elegidos por elección popular, no quede en manos de organismos administrativos como la Procuraduría o la Contraloría, sino que es una decisión que debe ser la consecuencia exclusiva de una investigación de carácter penal y por lo tanto sean el resultado de una decisión de un juez de ese corte.
La decisión incluye la indemnización compensatoria para Petro por los perjuicios materiales e inmateriales que pudieron habérsele causado.
Al final la decisión no determina un plazo preciso para que sean los ajustes necesarios en el ordenamiento jurídico interno, pero efectivamente nuestro país hacer esos ajustes en un plazo razonable como lo indica la misma decisión.
