Fiscalía acusa a expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte

• Los hechos se habrían presentado entre 2015 y 2016 cuando ya no era funcionario judicial. Habría participado en la entrega de dineros a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia para que retardara actuaciones judiciales y evitara la captura en contra de dos congresistas.

• La Fiscalía recaudó suficiente material probatorio que advierte que el exfuncionario judicial al parecer lideró y coordinó un entramado de corrupción que afectó la administración de justicia.

Un fiscal auxiliar de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente ante un juez penal del circuito de Bogotá, al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, posiblemente comprometido en dos delitos de cohecho por dar u ofrecer.

Labores de policía judicial evidenciaron que el exmagistrado, ya retirado del cargo, habría impartido instrucciones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, defensor de los congresistas para que, con acciones ilegales, resultaran beneficiados sus clientes.

Moreno Rivera era defensor de los representantes a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, ambos investigados penalmente por delitos relacionados con parapolítica, corrupción y bandas criminales.

Según se pudo determinar, entre 2015 y 2016 Ricaurte Gómez, habría instruido a Gustavo Moreno Rivera para que contactara al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, quien tenía a su cargo la tramitación de las investigaciones al interior del despacho del magistrado titular Gustavo Malo Fernández. La Fiscalía determinó que el objetivo de dicho acercamiento, era manipular el proceso penal contra los dirigentes políticos y evitar su posible captura.

Testimonios recaudados, entre otras labores de policía judicial, determinaron que Ricaurte Gómez habría autorizado el pago de millonarias sumas al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, a través del Abogado Moreno Rivera, dinero presuntamente entregado por parte de los congresistas Velásquez Ramírez y Córdoba Manyoma para impedir la apertura de una
investigación formal, y de paso que las actuaciones judiciales pudieran llevar a su detención.

Ante la dificultad jurídica del proceso, Ricaurte Gómez habría solicitado “reestructurar los honorarios” duplicando las sumas acordadas inicialmente de 380 y 800 millones de pesos.

La Fiscalía determinó que las indagaciones preliminares contra los congresistas estuvieron dos años sin avances.