Gobierno avanza en inclusión financiera con nuevos esquemas para combatir el ‘gota a gota’

Bogotá, 20 de febrero de 2020.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 222 de 2019 que ampliará la oferta y cobertura de los servicios financieros, con lo que se combatirá la modalidad de préstamo de ‘gota a gota’ y se llegará a las zonas  rurales donde se registra menos presencia de esos servicios.

Con la normativa expedida, se modifican las condiciones de los créditos de consumo de bajo monto. Esta modalidad estará dirigida a personas naturales que no hayan accedido a un crédito bancario, que ya no estará limitado a 36 meses y podrá tener carácter rotativo.

Dichos créditos, en principio, tendrán un monto máximo de 4 salarios mínimos, que podrá ampliarse con el tiempo.

El propósito de esta medida es permitir a la población acceder de forma ágil y sencilla a créditos de consumo en entidades financieras, lo cual contribuirá a mejorar su situación económica y la construcción de historiales de información crediticia que facilitarán el acceso a productos financieros más sofisticados, como el microcrédito o el crédito hipotecario.

De igual manera, se fortalecerá el canal físico de la corresponsalía que hoy se ofrece a través de comercios, droguerías o tiendas de barrio, por ejemplo, habilitando esquemas de corresponsalía móvil y digital.

Así, los corresponsales podrán ofrecer los servicios de las entidades financieras desplazándose hasta el lugar laboral o de residencia del consumidor o por medio de las APP o plataformas digitales con interfaces amigables y sencillas que mejoren la experiencia del usuario.

Flexibilizar la regulación en este sentido busca reconocer el uso de la tecnología en la prestación de los servicios financieros y apoyarse en el surgimiento de otros agentes que, sin ser entidades financieras, pueden ayudar a ampliar la base a través de redes de última milla.

Se espera con esta modificación extender la presencia del sector financiero en todo el territorio, en particular en las zonas rurales, y dinamizar el uso de los servicios que dicho sector ofrece a la población.

Para esto trabajará con el concurso del programa Banca de las Oportunidades a través de distintas estrategias.

Por otra parte, con el fin de promover la masificación de los pagos y transacciones electrónicas, el Decreto 222 unifica la regulación de los productos pasivos simplificados bajo la denominación de “depósito de bajo monto”; en ese sentido, recoge las disposiciones sobre las cuentas de ahorro electrónicas, los depósitos electrónicos simplificados y las cuentas de ahorro de trámite simplificado, que si bien tenían características similares, también presentaban diferencias en su reglamentación lo que hacía compleja su comparación y movilidad entre cuentas y crecimiento.

Los nuevos depósitos de bajo monto tienen límites de saldo y movimientos mensuales de 8 salarios mínimos y están exentos del 4×1000 hasta por 65 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($2.314.455 en 2020).

Con este nuevo producto, el Gobierno Nacional busca que las personas que no cuentan con un producto transaccional en el sistema financiero ingresen al mismo, beneficiándose de las ventajas de la inclusión financiera y la digitalización de sus transacciones.

Estas importantes medidas son el resultado de un nutrido diálogo con el sector privado, a partir de un estudio publicado por la Unidad de Regulación Financiera (URF) en mayo de 2019 en el que se identificó junto a la industria los ajustes normativos requeridos para dinamizar los canales y productos financieros inclusivos.

Esta iniciativa es una apuesta del Gobierno Nacional por seguir consolidando un marco regulatorio simplificado y moderno que promueva la inclusión e innovación financiera en el país en beneficio de toda la sociedad.

Este esfuerzo coincide con el reconocimiento que hace The Economist  desde 2016, que ubica a Colombia como el país con el mejor entorno para la inclusión financiera entre 55 naciones.

Datos sobre inclusión financiera

Colombia ha impulsado una política pública de inclusión financiera, con una institucionalidad robusta la cual ha facilitado alcanzar importantes metas en cobertura, tenencia y uso de servicios financieros.

A septiembre de 2019, el 83,8 por ciento de la población adulta tenía al menos con un producto financiero, y de este porcentaje el 84,5 por ciento de los adultos contaban con un producto activo.

En lo que tiene que ver con la cobertura geográfica, gracias al modelo de corresponsales, desde 2015 el 100 por  ciento de los municipios del país tienen presencia física del sistema financiero, lo que ha permitido que los colombianos -en cualquier lugar del territorio- accedan a productos y servicios financieros.

Pese a los avances, aún existen 6.3 millones de adultos sin ningún producto financiero y cerca de 6 millones de personas registran cuentas inactivas.

El desafío se acentúa en zonas rurales, donde se presenta menor presencia registra menor presencia y oferta financiera; mientras que en las ciudades el indicador de inclusión financiera es del 88,7 por ciento y existen 359 corresponsales por cada 100 mil habitantes. En los  municipios rurales dispersos esas mediciones bajan a 60,7 por ciento y 195 corresponsales por cada 100 mil habitantes.