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El ministro Iván Cancino se reunió con el alcalde de Cartagena y con Yamil Arana, gobernador de Bolívar, para avanzar en una agenda territorial conjunta entre las regiones y el gobierno Nacional para destrabar procesos y temas jurídicos.
En el encuentro, también se tocó el tema de la demanda contra distintas instituciones estatales por el caso de diapirismo en Membrillal. Por otro lado, se habló de extorsiones desde las cárceles.
Uno de los ámbitos que el ministro puso sobre la mesa es la lucha tecnológica contra las comunicaciones ilegales desde los centros penitenciarios y fortalecer la lucha contra la extorsión.
Apenas dos días después de que Cartagena recibiera la primera visita ministerial del Gobierno de Abelardo de la Espriella, con la presencia del ministro del Interior, Rodrigo Lara, la ciudad vuelve a ser escenario de una reunión estratégica con el Gobierno Nacional. Esta vez, el encuentro fue encabezado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien llegó a la Heroica para avanzar en una verdadera agenda territorial de trabajo conjunto.
El principal objetivo es destrabar procesos y trámites de las entidades territoriales relacionadas al Ministerio de Justicia; y favorecer y potenciar estrategias en pro de los derechos humanos y para luchar contra el crimen, como por ejemplo, impedir que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros de coordinación de actividades delictivas, especialmente de extorsiones.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, manifestó su disposición de trabajar directamente con Cartagena y Bolívar para fortalecer el sistema carcelario, mejorar la infraestructura y funcionamiento de las sedes de Policía e INPEC, combatir la trata de mujeres y la violencia de género, y ampliar el acceso a la justicia.
También planteó avanzar en alternativas como casas de justicia y centros de convivencia, incluso con soluciones adaptadas a las zonas marítimas, con el propósito de prevenir conflictos, reducir la congestión judicial y acercar los servicios de justicia a las comunidades.
En el caso de Cartagena, se abordó además una petición clave para la ejecución del intercambiador de Ternera. El alcalde Dumek Turbay solicitó al ministro Cancino viabilizar la entrega de una franja del predio que da ingreso a la cárcel de Ternera, el cual resulta necesario para continuar con los trámites y la intervención de esta obra pública.
“Ministro, usted nos puede dar la mano para este proyecto de ciudad, un proyecto como el intercambiador destraba y ayuda a la movilidad de Cartagena en ese sector y será solo un pedazo del predio. Así como se cederá esa parte del predio, también recibirán una compensación en la adecuación de la entrada y correr la entrada a una zona lateral del centro carcelario”, expuso el alcalde Dumek Turbay.
Por ende, el alcalde Dumek Turbay solicitó al ministro Iván Cancino su apoyo para una gestión que no tuvo avances con el gobierno anterior: un predio de 2600 m2 del Inpec, en el perímetro de la Cárcel de Ternera, que necesita ser apropiado por el Distrito para la estructura del Intercambiador de Ternera.
“Ministro, necesitamos su ayuda en la gestión, un proceso congelado en el anterior gobierno, para adquirir una franja de terreno de la cárcel. Que la oficina encargada le dé viabilidad y proioridad; pues nosotros estamos listos para la contraprestación y retribución que la entidad exige”, expuso el alcalde Dumek Turbay.
Dicha contraprestación consiste en la construcción de un nuevo ingreso al centro penitenciario y la pavimentación de dicha vía de entrada, a cargo del Distrito, como retribución al Inpec.
“Lo que requerimos es apoyo. Esta es una de nuestras megaobras más importantes, la cual puede sufrir retrasos por este trámite y es una obra contratada desde el año pasado”, afirmó Turbay.
Al respecto, Cancino de inmediato llamó a funcionarios para que este proceso sea priorizado y ser viabilizado para que su resolución se dé lo más pronto posible; y así la obra avance sin contratiempos.
Mentoría para abordar la demanda por el diapirismo en Membrillal
Otro de los asuntos tratados fue el proceso jurídico relacionado con dl diapirismo en Membrillal, frente al cual la Alcaldía de Cartagena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) interpusieron recursos de apelación ante el Consejo de Estado para buscar la revocatoria de una sentencia de $1,5 billones
La administración distrital solicitó acompañamiento y mentoría de la Agencia para fortalecer la estrategia jurídica y coordinar nuevas mesas de trabajo. La defensa estatal sostiene, entre otros argumentos, que el diapirismo de lodo corresponde a un fenómeno natural no mitigable y que no existe un nexo causal válido que permita atribuir responsabilidad a todas las entidades del Estado nacional y local demandadas.
“Pedimos retomar una convenio interadministrativo con le Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues con el gobierno anterior fue un proceso infructuoso. Necesitamos que la agencia nos dé mentoría y esté más cerca de los municipios”, expresó Milton Pereira, jefe de la Oficina Juridica del Distrito
Con relación a este tema, el ministro Cancino aseguró que hoy mismo el director de dicha Agencia, Germán Calderón España, se pondrá en contacto con los representantes jurídicos del Distrito para poner manos a la obra a esa mentoría.
Lucha tecnológica contra la extorsión desde las cárceles
Cancino también presentó la estrategia que el Gobierno Nacional viene estructurando para restringir las comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios.
Recientemente, hubo una reunión entre el ministro de Justicia y la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y representantes de los operadores móviles, en la que se analizaron alternativas técnicas, jurídicas y operativas para fortalecer el bloqueo de las comunicaciones ilegales originadas desde las cárceles.
La apuesta del Gobierno es reducir el uso de teléfonos celulares por parte de internos para impartir órdenes a estructuras criminales y realizar llamadas extorsivas.
El desafío, sin embargo, no es menor: las soluciones que se adopten deberán impedir las comunicaciones clandestinas dentro de los establecimientos sin afectar indiscriminadamente el servicio de telefonía móvil de las comunidades que viven o trabajan en sus alrededores.
La reunión adquiere especial relevancia para Cartagena por las preocupaciones que ha expresado la Administración Distrital frente al papel que puede jugar el establecimiento penitenciario de la ciudad en las dinámicas de las organizaciones criminales.
De hecho, el alcalde Dumek Turbay ya había solicitado al Gobierno Nacional una intervención sobre la cárcel de Cartagena, al advertir que el establecimiento podía estar siendo utilizado como un centro de operaciones de estructuras dedicadas al delito y reclamar decisiones de fondo para desarticularlas.
“Lo que pasa en Colombia, es lo mismo que acontece en Cartagena. Las cárceles actualmente no son escenarios de socialización; sino todo lo contrario: incubadoras de la extorsión, por lo que todo que se haga al respecto es crucial”, indicó Turbay.
La discusión sobre el control de las comunicaciones penitenciarias se conecta directamente con una de las principales preocupaciones de comerciantes, empresarios y ciudadanos: las llamadas y mensajes utilizados para amenazar, intimidar y exigir dinero.
En Cartagena, las autoridades han reportado este año capturas por extorsión y han insistido en la necesidad de denunciar estos hechos ante el Gaula. En uno de los casos recientes, la Policía informó sobre la captura de un presunto extorsionista que exigía dinero a un comerciante del suroriente de la ciudad.
La presencia de Cancino en Cartagena busca, precisamente, que las decisiones que se adopten desde Bogotá tengan una expresión concreta en las ciudades y regiones donde se sienten los efectos de estas estructuras criminales.
Una agenda nacional que aterriza en las regiones
Durante el encuentro, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, expuso la necesidad de fortalecer la articulación con el Ministerio de Justicia para atender los retos del sistema penitenciario y de acceso a la justicia en el departamento. Recordó que existía un convenio para la ampliación de la cárcel de Magangué que fue reversado por el Gobierno anterior, situación que llevó al departamento a impulsar iniciativas propias para acercar la justicia a los territorios más apartados.
La visita del ministro de Justicia ocurre en un momento en que el Gobierno Nacional viene desplegando una agenda de seguridad con las principales ciudades del país.
Cartagena ya había sido incluida por el nuevo Gobierno dentro de una estrategia de intervención especial en seguridad para enfrentar fenómenos como el homicidio, el hurto y la extorsión: Seguridad Democrática 2.0.
El primer paso de esta nueva relación entre la Nación y el territorio se dio el pasado 26 de agosto, cuando Rodrigo Lara, ministro del Interior, se reunió con Turbay y Arana. En ese encuentro se definieron prioridades para Cartagena y Bolívar en seguridad, convivencia e infraestructura, incluyendo la ampliación de la videovigilancia, la lucha contra la trata de personas, el control de bloqueos y el respaldo a la nueva estación de Bomberos de Mamonal.
La coordinación entre el Ministerio de Justicia, la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar pretende convertir esa política nacional en acciones concretas para el Caribe, con énfasis en la prevención y persecución de las extorsiones y en la recuperación del control efectivo de los establecimientos penitenciarios.
El mensaje que deja esta nueva visita ministerial es claro: la estrategia de seguridad del Gobierno Nacional empieza a buscar resultados territoriales y Cartagena quiere estar en primera línea de esa agenda.
