Intervención a la ESE Cartagena tiene motivaciones políticas: Concejales

Los concejales de Cartagena cuestionaron la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud en la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y atribuyeron el hecho a una herramienta política para las próximas elecciones.

Así lo expresaron los integrantes del Cabildo distrital, durante una citación que le hicieron al Agente Interventor de la ESE, Jorge Suárez Gómez, quien indicó que funge como agente desde el 24 de mayo tras una medida de intervención determinada por la Superintendencia de Salud para abordar las problemáticas identificadas en la ESE durante las labores de vigilancia y control de la Superintendencia.

El Observatorio del Concejo de Funcicar, informó que Suárez explicó que el plan de trabajo que socializará fue propuesto al superintendente pero está pendiente de aprobación. En su intervención, el funcionario expresó lo siguiente:

• Uno de los hallazgos que motivó la intervención fueron los problemas administrativos, para lo cual se formuló un plan de mantenimiento que aborde los problemas de infraestructura y dotación en centros de salud ante la ausencia de procesos preventivos adecuados.
• No se encontraron deudas acumuladas con la planta de personal o talento humano vinculado por tercerización, el compromiso es mantener el pago oportuno.
• Los procesos de tercerización encontrados no se apegaban a la ley y generaban riesgos jurídicos y financieros. Debido a esto, hay 2 sanciones de MinTrabajo por $1900 millones, por lo que se ofició al Ministerio informando la intención de formalización laboral y un cronograma de acción.
• Se encontró una cartera de difícil recuperación por parte de EPS y el Distrito, por lo que ya se ha avanzado en mesas de trabajo con EPS y se logró una conciliación de glosas por $2.900 millones que se espera ingresen a la ESE en julio.
• Tras revisiones de eficiencia institucional y de talento humano se han tomado medidas que generaron ahorros por $700 millones, los cuales se reorientarán al mejoramiento de la atención.
• Existen 115 procesos jurídicos contra la ESE por $4500 millones, motivo por el que se reorganizó el área jurídica para ejercer una mejor defensa, teniendo en cuenta que ya se han fallado procesos por $2106 millones y deben ser pagados. Además, hay embargos por $1363 millones.
• Los contratos suscritos con las entidades que compran servicios de la ESE no se encontraban debidamente legalizados, motivo por el que se realizó el proceso de legalización, lo cual permitió recuperar cerca de $3.300 millones.
• Se encontraron problemas en la calidad y efectividad de la atención en salud, pues el modelo de prestación de servicios no se implementaba de forma adecuada. Frente a esto, se formuló un plan para reorganizar la manera en que se prestan los servicios y garantizar las coberturas de atención.

El concejal César Pión (La U) expresó su extrañeza por el momento en que SuperSalud decidió intervenir la ESE, toda vez que la solicitud se hizo en años anteriores pero no se dio, sin embargo, señaló que este tipo de intervenciones nunca han dado resultados y suelen darse desde la óptica política para favorecer sectores.

Para Pión, el interventor deberá responder por el servicio de salud, por lo que se requiere una articulación con el DADIS. Además, manifestó que SuperSalud debe analizar temas de fondo como la operación de EPS y hospitales, pero cuestionó que desde el centralismo bogotano se pretenda manejar a Cartagena.

El concejal Óscar Marín (Conservador) resaltó que la intervención lleva a preguntarse si se trata de una jugada política relacionada con las elecciones que se avecinan, toda vez que ya se separó del cargo a varios coordinadores; sin embargo, señaló que espera resultados positivos para la prestación del servicio.

El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) expresó que en ocasiones las intervenciones corresponden a herramientas políticas para fortalecer casas políticas regionales y puso como ejemplo el caso de Santa Marta, donde SuperSalud intervino con celeridad, tras la elección de un gobernador de corte alternativo.

Mendoza señaló que históricamente las intervenciones en Bolívar han sido un fracaso, como ocurrió con Caprecom y Café Salud. Además, cuestionó que la ESE venía padeciendo desde hace años, pero se intervino en tiempos políticos estratégicos, por lo que anunció seguimiento a los resultados de esta intervención.

El concejal Lewis Montero (La U) pidió que se informe a qué se deben los cambios de personal que se dieron y la concejal Carolina Lozano (ASI) solicitó conocer si los acuerdos para supresión de 50 cargos corresponden al despido de coordinadores. En ese sentido, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) destacó que, si hubo cambios en el personal, las personas que ingresen a los cargos deben ser locales y no de otras ciudades.

Para el concejal Luder Ariza (Alianza Verde) quien era gerente antes de la intervención había mostrado compromiso y no contaba con ataduras políticas, pero considera que desde la Alcaldía se quiso asfixiar la ESE. Ariza indicó que deben conocerse los hallazgos que llevaron a “la intervención flash”, ya que genera suspicacia que se diera previo a las elecciones, en un momento donde se creía que el gerente estaba dando resultados.

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) manifestó que, comparado con 2019, la ESE en 2020 mostró reducción de gasto y compromiso con terminar la tercerización, lo que lleva a preguntarse si durante 2021 el gerente no cumplió el plan de mejoramiento que dejó SuperSalud en 2020, y que esto motivara la intervención; pero si el plan sí se estaba cumpliendo, podría haber una presunta violación al debido proceso.

La concejal Kattya Mendoza (Liberal) manifestó que debe revisarse por qué a la ESE se le vienen aplicando múltiples glosas, y cómo se gestionará la recuperación de cartera con el Distrito y EPS. Mendoza evidenció que la cartera con el DADIS supera los $6 mil millones.

Para la cabildante, es triste que durante la pandemia y en el proceso de vacunación la ESE haya sido invisible, por lo que debe aprovecharse la intervención para fortalecer el portafolio de servicios. Mendoza solicitó crear una comisión accidental para hacer seguimiento a la ESE.

Para dar respuesta a las inquietudes, el agente interventor aclaró que el procedimiento que definió la intervención es de la Superintendencia, por lo que dicha información debe requerirse a esta entidad. Suárez explicó que fueron 54 los hallazgos que llevaron a la intervención, y en base a ellos se planteó un plan de acción por periodo de 1 año que está en revisión por parte de SuperSalud para ser aplicado.

En los hallazgos, los principales problemas son de corte administrativo, jurídico, financiero y lo relacionado a tercerización laboral. El funcionario informó que se reunió con DADIS para el saneamiento de cartera y se desembolsarán $3.500 millones en los próximos días. También expresó que los cambios en la planta responden a la necesidad de eficiencia, pues no había resultados adecuados debido a que los 5 niveles de coordinación que existían dificultan la toma de decisiones.

Para el concejal César Pión (La U), si Suárez es el delegado de la SuperSalud, le corresponde dar respuestas o solicitar la información. Además, llamó la atención porque, si hubo 54 hallazgos, debieron darse advertencias o seguimiento previo por parte de la Superintendencia o el DADIS, y cuestionó que no se intervino antes.

Suárez reiteró que lo relacionado a la decisión de intervenir le corresponde a SuperSalud, pues es agente nombrado por esa entidad, pero no delegado de la misma, y su función únicamente se ciñe al plan de acción. En ese sentido, Pión señaló que puede ser interventor, pero representa a la Superintendencia y expresó que el funcionario tomó una actitud evasiva; Pión expresó que si tomará esa actitud “visiona una catástrofe” para la ESE.