El Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena suspendió por cuatro meses el decreto mediante el cual la alcaldía de Cartagena estableció el cierre mensual de Playa Blanca, lo cual vulneraba los derechos al debido proceso y a la concertación de los nativos.
Al responder una acción de tutela promovida por Gilson Altamar Payares y Pedro Miguel Freile Maldonado, tuteló los derechos fundamentales de los habitantes de Barú, Ararca, Santana, Playa Blanca y ordenó dejar sin efectos el Decreto 1239 del 14 de septiembre de 2023 y se recomienda consultar con las comunidades las próximas medidas a tomar.
La tutela ordena a la Alcaldía Mayor de Cartagena, si aún no lo ha hecho a partir del momento de la notificación de esta providencia, suspender inmediatamente el Decreto 1239 de fecha 14 de septiembre del año 2023, por el término de 4 meses; término dentro del cual deberá realizar las gestiones pertinentes como la Consulta Previa y concertar con las comunidades afrodescendientes las medidas tomadas en este Decreto para lo cual deberá previamente presentar solicitud de determinación de procedencia y oportunidad con la consulta previa ante la dirección de la autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio de Interior.
Este decreto llevó a que la comunidad insular bloqueara durante dos días el puente Campo Elías Teherán, impidiendo el ingreso y salida de turistas y trabajadores a esas zonas insulares de Cartagena.
