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Una estudiante de Derecho que presentó una tutela para obligar el desalojo del edificio Zarur en el Centro Histórico de Cartagena ante el inminente riesgo de colapso existente, denunció que comenzó a recibir intimidaciones por parte de personas desconocidas a través de llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp.
Se trata de Laura Valentina Calvache, quien presentó el denuncio ante el juez que admitió la tutela presentada días atrás, para lograr el desalojo de dicha edificación de la calle segunda de Badillo y donde funcionan los negocios Sándwich Cubano y El Marrano Feliz.
Denuncia la futura jurista, que ayer primero de junio recibió de forma insistente llamadas y mensajes intimidatorios desde dos números diferentes, los cuáles aportó, de personas que harían parte del proceso que se adelanta por el mal estado en que se encuentra dicha edificación, como lo ratificó la Procuraduría General de la Nació y la misma Oficina de Gestión del Riesgo del distrito de Cartagena, que ordenaron la evacuación de dicha edificación, ante la amenaza que existe hacia la vida de quienes residen en el edificio Zarur.
Sostuvo que luego de escribirme eliminaron los mensajes, pero logró tomar capture del chat antes de que los eliminaran.
En una reciente audiencia pública dentro de la querella por presuntos comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas la La Inspección de Policía Comuna 1B, determinó que se puede evacuar el edificio una vez se obtengan los permisos de las autoridades correspondientes y se inicien las intervenciones a fin de evitar riesgos a la vida e integridad de las personas.
«No entiendo el porqué buscan intimidarme, pues la presentación de esta acción de tutela como consigné en la misma, obedece únicamente al deber constitucional (artículo 44) de proteger los derechos fundamentales de los niños, que de acuerdo con la información que consignó la INSPECCIÒN DE POLICÌA COMUNA No. 1B, considero como ciudadana que se encuentran en riesgo por el estado ruinoso del edificio ZARUR, lo que ha sido determinado no solo por perito en el proceso policivo sino por la ALCALDÍA DE CARTAGENA y por la PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN.
Es imposible que no tema en este momento por mi integridad, pues la insistencia en establecer mi lugar de residencia pudiere obedecer al interés de atentar en mi contra por acudir legítimamente a mecanismos constitucionales..
Presento al señor Juez esta denuncia, para que de acuerdo con su competencia adelante las gestiones que considere necesarias en procura de salvaguardar mi integridad, en caso de que efectivamente se encuentre en riesgo por la presentación de esta acción de tutela», indicó en su escrito la denunciante.
