La fiscalización de la Judicatura…

Por: Freddy Machado.

(A propósito de la reforma a la Ley Estatutaria)

“Es verdaj, es verdaj”
-José Quessep-

Una constante del país es la crisis de la justicia, en cambio, lo cíclico son los intentos equívocos y fallidos por reformar el orden existente. En estos momentos, se tramita en el Congreso una reforma a la Ley Estatutaria de la Justicia y es necesario tener claridad sobre que cualquier intento de reforma a la justicia colombiana, debe procurar optimizar su acceso en favor de los ciudadanos, ampliando la planta de jueces con el fin de frenar la congestión judicial.

En los debates de la Reforma a la Ley Estatutaria, ante la plenaria de la Cámara de Representantes, el viceministro de justicia a través de una imagen, nos mostró la foto exacta de la congestión judicial… El funcionario expuso que de los tres millones de procesos que se inician en el país, sólo se tramitan dos millones. Es decir, un millón de procesos dormirán en los archivos judiciales sin esperanza alguna.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura planteó en las motivaciones de su iniciativa de reforma que la demanda de justicia en la actualidad alcanza un 350% y que la respuesta estatal sólo llega a un 25%.

En ese entendido, y ante esa realidad, los ciudadanos cada vez que la prensa anuncia que se conceden libertades por vencimientos de términos a algún procesado de casos de connotación, se mofan y acuden a la mamadera de gallo. En los corrillos se dice con picardía: “el mejor abogado penalista es el vencimiento de términos”.

Y no es culpa de los jueces sino del incumplimiento de los estándares internacionales pues por cada 100.000 habitantes se sabe que deben existir 65 jueces que se encarguen de prestar el servicio de justicia y, hoy por hoy, solo se cuenta con 11 togados. Eso no lo dice @machadini, lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los sindicatos de la justicia siempre han sostenido que el gobierno le apuesta al desprestigio de la administración de justicia pues la problemática del sector está más que sobre-diagnosticada y aun así se sigue inobservando el nombramiento de más jueces porque seguramente tal medida incidirá en un mejor servicio. Incluso, muchos políticos se jactan en decir en privado que invertir en el sector justicia “no genera votos” y no es una acción confiable. Esto se explica porque en la medida en que la justicia se fortalezca, sus resultados serán importantes y se podría impactar positivamente en cada una de las investigaciones en contra de aquellos cristianos que se apoderan de los recursos públicos. Esa visión explica por qué se desdibuja la imagen de la justicia, y se le niega un mejor presupuesto.

Es obvio, una justicia con músculo y más fuerte, genera temor para quienes transitan por los títulos, capítulos y parágrafos del Código Penal.

En una Publicación anterior, advertíamos que todo aquel que toma la iniciativa de reforma la justicia, intenta “adueñarse” de ese tema y de paso, no prestan atención a los consensos.

En efecto, les decía que en el proyecto de Reforma a la Justicia que se tramita en el congreso con mensaje de urgencia, el gran beneficiado será el Consejo Superior de la Judicatura. Se consagran en su favor unos superpoderes y se le reconocen calidades de nominador con una amplia burocracia.

Curiosamente, la Constitución de 1991 no consagró facultades nominadoras al Consejo Superior de la Judicatura. Tampoco la Ley Estatutaria de la Justicia vigente -por reformar-, contempló el instituto de los Centros de Servicios pues como principio estatutario se fijó que el Juzgado era la célula básica de la administración de justicia.

Los centros de servicios son la negación de los Juzgados. Son como las secretarías comunes de la Fiscalía, en donde abunda un fiscal con un asistente compartido o con medio asistente, y una secretaría común muy amplia. La judicatura cada vez más se aproxima a una gerencia tipo Fiscalia, donde en atención a los superpoderes del Fiscal General, se acosa a los servidores y si se osa protestar por los excesos en la carga laboral, al infractor se le estigmatiza como un candidato a un traslado sanción.

Y no es descabellado que la judicatura trate de asimilarse a la Fiscalía. Esa metamorfosis se aprecia mejor con la figura del juez itinerante introducida por el proyecto de reforma a la Ley Estatutaria a la Justicia. Ese instituto no es más que la importación a los juzgados, de los conceptos de nómina global y flexible y necesidades del servicio, figuras que le han hecho mucho daño a los servidores de la Fiscalía.

Estos jueces itinerantes son como los antiguos jueces de instrucción criminal ambulantes pero ahora en el plano de las regiones. El escenario es terrible pues se atenta contra la autonomía e independencia de los jueces.

Mientras tanto, desde la judicatura se pretende hacer creer a los judiciales que la reformas es un “dulce” pues consagra los concursos de ascenso y normas relacionadas con la promoción. Sin embargo, los concursos, la promoción y los ascensos son derechos reconocidos por la Constitución de 1991 y si bien se garantiza el ingreso, el Consejo Superior nunca se ha interesado por materializar las promociones y los ascensos.

El tal dulce resulta “envenenado” pues los derechos adquiridos en las situaciones administrativas de licencias y traslados con el proyecto de reforma, tienen una reglamentación más gravosa.

La comisión interinstitucional mantiene su desequilibrio. Nos sigue aterrando la soledad del representante de los trabajadores. Nos asusta que muy a pesar de que asume la vocería de unos 60.000 compañeros de fiscalías y juzgados, las mayorías de la comisión le pertenece a los Presidentes de las cuatro grandes cortes (Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Suprema) y el Fiscal General de la Nación.

El equilibrio se podrá lograr cuando se autorice por fin, un número de cuatro representantes de los trabajadores (magistrados tribunales, jueces, empleados y fiscales)

Lo más triste es que la iniciativa legislativa cuestionada, le pertenece en parte al Consejo Superior de la Judicatura, pero se tramitó de espalda a los judiciales. Es evidente que la desconexión de la Judicatura con las bases, es total. Se me ocurre que el Consejo Superior de la Judicatura tiene que entender que su misión es facilitar la labor de administrar justicia, en vez de asumir protagonismo que le son ajenos a ese ente administrativo. En lo futuro cabe la posibilidad de estudiar en una reforma constitucional, que se suprima la referencia de “superior” en el nombre de la judicatura para que con mayor humildad se concentren en apoyar a los servidores judiciales y le bajen a esas ansias de acumular superpoderes.

A propósito de conexión, no está bien ni resulta coherente que el Congreso nos haya vendido la idea en las últimas reformas, en especial en la Reforma de Equilibrio de Poderes, que el Consejo Superior de la Judicatura era una entidad caótica e ineficiente y hoy, sin ningún pudor, la sobredimensionan y la llenan de más burocracia. Todo esto ad portas de un debate electoral.

La judicatura trata de copiar el modelo de la Fiscalía, es decir, cambia su estructura hacia un proceso de “fiscalización” de la judicatura. Luego, resulta fácil entender que anhela la politización de la justicia pues si la reforma se consolida serán “superiores” pero en el manejo de cuotas, plazas y puestos. Me pregunto, será que los judiciales sólo nos resta hacer las veces de espectadores para confirmar como los políticos deambularan por el Palacio de Justicia en mayorías calificadas del partido de gobierno…