La garantía de la protesta social en un Estado de derecho

Por: Orlando Díaz Atehortúa

Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre.

El 14 de octubre, en un encuentro en la Facultad de Derecho, de la Universidad de Cartagena, un estudiante cerró su intervención con una frase que arrancó un aplauso cerrado: «Recibimos una universidad pública y entregaremos una universidad pública». Renglón seguido, resumía la preocupación de buena parte del pueblo colombiano por los recortes presupuestales, el desempleo, los ataques al medio ambiente y las propuestas de reducir derechos laborales adquiridos.

En 1920, Betsabé Espinal lideró a las obreras de Fabricato contra jornadas de catorce a dieciséis horas, reducidas a diez. En 1928, en las bananeras del Magdalena, el Ejército asesinó a decenas de trabajadores que protestaban pacíficamente.

En 2021, bajo el gobierno de Iván Duque, el Esmad salió a controlar la protesta. La CIDH expresó preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza. La Fiscalía documentó 21 asesinatos; organizaciones como Human Rights Watch, más de setenta muertos y más de cien víctimas, con lesiones oculares. Con Gustavo Petro, el Esmad pasó a ser la UNDMO, más dedicada a la prevención, que a la represión. Cambian los gobiernos; permanece la obligación de respetar la vida y la salud de quienes marchan pacíficamente.

El artículo 37 de la Constitución protege las manifestaciones pacíficas; el 56, la huelga. La sentencia C-014 de 2023 reiteró que debe protegerse a los ciudadanos frente a restricciones desproporcionadas. Nadie puede confundir al manifestante con un delincuente, ni menos con un terrorista.

El 13 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, firmaron el decreto 1525 de 2026. Aunque mantiene el diálogo, permite que policía y Ejército intervengan contra presuntos responsables de actos violentos, sin esperar a que termine esa primera etapa. ¿Cómo impedir que esa facultad afecte a quienes marchan pacíficamente? La FLIP advirtió, el 14 de octubre, que el decreto no ofrece garantías explícitas a la prensa; en 2021 documentó 263 agresiones a periodistas, más de 100, cubrían noticias sobre marchas.

No obstante, preocupa el silencio informativo. El periodismo debe informar con veracidad; minimizar movilizaciones masivas, borrarlas del contexto noticioso o presentar como violentas marchas pacíficas contradice ese deber. Julio Sánchez Cristo, director de una emisora nacional, dijo que en Bucaramanga marcharon unos cien ciudadanos; la evidencia muestra más de mil. Ese día, centenares de estudiantes de la Universidad de Antioquia escuchaban música, jugaban ajedrez o charlaban, hasta que llegó la policía lanzando gases y agrediendo a los participantes; la prensa tradicional, silenciada.

Rodrigo Uprimny, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, advirtió sobre un «leviatán despótico» (léase, Estado autoritario); según sus palabras, se debe poner atención a ‘“ese tigre desatado, que muerde duro”. Siempre, siguiendo a Maquiavelo, es más prudente no ejercer la violencia. En la modernidad, diríamos: ni un Estado enclenque, ni un leviatán autoritario; las autoridades deben desplegar su fuerza, pero con límites constitucionales, que también deben acatar el gobierno y las alcaldías, ejemplo, las de Bogotá y Medellín.

Recibimos una democracia sólida. La pregunta es si entregaremos a las próximas generaciones unos gobiernos democráticos  robustecidos, apegados a la Constitución y a las leyes. La garra de los jaguares y la enjundia del pueblo colombiano acaban de demostrarse. Hoy, 15 de octubre, veo las noticias del mediodía y nada, solo un pasmoso silencio, las protestas del todo ignoradas. Quedan las evidencias; la historia no perdona.

Orlando Díaz Atehortua.

Columnista