

Luego del sismo del pasado 10 de agosto, el balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), detalla un escenario que desafía nuestra resiliencia: 33,374 viviendas destruidas, 176,890 averiadas, 553 edificios colapsados y 5,755 estructuras residenciales con daños considerables. Estos números más allá de un registro dan cuenta de la necesidad de revisar las normas técnicas de infraestructura.
Ante esta coyuntura, el debate técnico no apunta a la falta de regulaciones, sino a la rigurosidad de su aplicación. Colombia cuenta con herramientas normativas robustas como la Ley 400 de 1997 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). Sin embargo, expertos del sector coinciden en que gran parte de los daños estructurales se debieron a la informalidad constructiva y a la falta de un mantenimiento preventivo adecuado.
Francisco Ustariz, director del programa de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar explica que el camino hacia la reconstrucción no se limitará a levantar paredes; exigirá una transformación radical en las condiciones de habitabilidad y seguridad urbana. “Las nuevas edificaciones en el país deberán ajustarse de forma obligatoria a criterios estrictos de diseño estructural, respaldados por estudios geotécnicos de suelo específicos para cada microzonificación sísmica”.
Y añade “podemos tener una estructura perfectamente calculada conforme a la NSR-10 y aun así, obtener un desempeño deficiente si durante la construcción cambiamos materiales, modificamos elementos estructurales, alteramos detalles de refuerzo o simplemente no ejecutamos lo que fue diseñado”. Por eso, dice el experto, más que seguir aumentando requisitos sobre el papel, Colombia necesita fortalecer la trazabilidad técnica de la construcción y la supervisión efectiva en obra, especialmente en vivienda informal y autoconstrucción.
Las ciudades colombianas deben prestar atención a los «controles de papel». Alcaldías locales han anunciado peritajes técnicos exhaustivos sobre proyectos recientes con el fin de auditar la calidad de los materiales y la correcta ejecución de muros de mampostería. La meta nacional es garantizar que cada nuevo hogar cuente con un blindaje técnico real, donde la interventoría externa supervise activamente desde la cimentación hasta los acabados estructurales.
Igualmente Ustariz anota que el siguiente paso de la ingeniería está precisamente en avanzar del concepto de resistencia hacia el de desempeño y resiliencia. Ya no basta con preguntarnos si una estructura resistirá un sismo; debemos preguntarnos cómo lo resistirá, cuánto daño aceptaremos, cuánto costará recuperarla y cuánto tiempo tardará en volver a funcionar. “Esto es particularmente importante en hospitales, centros de emergencia, instituciones educativas, infraestructura estratégica y edificaciones indispensables para que una ciudad pueda responder después de un desastre. Por eso considero que la academia tiene un pilar fundamental en la solución de estos nuevos retos”.
Este sismo no define el final de nuestra infraestructura, sino el inicio de una cultura constructiva transparente, ética y de calidad. Al aprender de los errores del suelo, Colombia se prepara para levantar estructuras más fuertes y seguras.