
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al actual alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz Briñez; al exalcalde Miller Aldana Castro, y al contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un proyecto de saneamiento básico financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
De acuerdo con el ente acusador, el proyecto contemplaba la construcción de 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas del municipio, mediante contratos de obra e interventoría suscritos entre junio y agosto de 2022, por un valor superior a los $21.550 millones. Sin embargo, cuatro años después, las obras continúan inconclusas.
La Fiscalía señaló que el exalcalde Aldana Castro presuntamente habría modificado las condiciones y los plazos del proceso de selección para favorecer al contratista Fajardo Gutiérrez, cuya empresa, según la investigación, no cumpliría con los requisitos exigidos. Asimismo, el contratista habría intervenido en la asignación de las interventorías.
La investigación también apunta a la autorización de pagos por actividades que no se habrían ejecutado, situación que habría generado un posible detrimento patrimonial de $499 millones.
Los delitos imputados
Según la Fiscalía, al actual alcalde Héctor Fabio Muñoz Briñez le fue imputado el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
Por su parte, al exalcalde Miller Aldana Castro le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Al contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez le atribuyeron interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Un juez de control de garantías ordenó que los tres procesados cumplan medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. La Fiscalía apeló esta decisión.
Los recursos para el proyecto fueron aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz), debido a que Ataco hace parte de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
El caso se enmarca en las investigaciones priorizadas por la Fiscalía para identificar y judicializar presuntas conductas de corrupción que comprometan recursos del Sistema General de Regalías.
Los procesados mantienen la presunción de inocencia y su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales.