Preocupante vulneración de derechos a compradores de vivienda nueva en Cartagena

En el marco del proceso de investigación llevado a cabo por la Liga de Consumidores Universitaria de la Universidad de Cartagena, en ejecución de una iniciativa Consufondo de la Superintendencia de Industria y Comercio orientado a la caracterización de las vulneraciones de los consumidores inmobiliarios en el sector, preocupan las vulneraciones de los derechos a los compradores de vivienda que afectan patrimonialmente a los consumidores y a los constructores, debido a las malas prácticas en el sector.

La información de expertos informantes, encuestados y entrevistados confirman la situación, lo cual permite arribar a  las siguientes conclusiones: en primer lugar, los aspectos relacionados con el derecho a la información; los compradores pasan por alto o no consideran aspectos  fundamentales que determine una buena decisión de compra, como por ejemplo, datos relacionados con  el proyecto inmobiliario y la constructora, como el permiso de ocupación y construcción.

Los datos sobre la información previa que tienen los adquirentes al momento de decidir determinan en gran medida los inconvenientes que se generan después, porque con esta falta de información, vienen los incumplimientos relacionados con la entrega, la calidad de los acabados y la constante de las irregularidades en las zonas comunes.

Asesores jurídicos y expertos manifiestan que la mayoría de las reclamaciones ante las constructoras se relacionan con la constante postergación de las fechas de entrega de inmuebles y problemas estructurales y de acabados que resultan notorios cuando las personas empiezan a habitar sus viviendas.

Los datos corroboran los niveles de reclamación y la insatisfacción de los procesos de compra: el 51% de las personas piensa que su experiencia fue pésima, mala o regular y el 42,9% ha presentado reclamaciones por los problemas repetitivos ya aludidos.

Con el dato final citado, se refleja otro problema, y es el proceso de reclamación. Si bien las constructoras, al menos a las que aceptaron ser parte de este proceso de investigación – La mayoría se mostraron esquivas- afirman tener un área jurídica que tramita los reclamos, pero desde la perspectiva de los usuarios es ineficaz, teniendo en cuenta que más del 50% no recibía respuesta alguna.

Dice el informe que las personas con las que pudieron conversar dicen que es un proceso desgastante hacer una reclamación a las constructoras, porque si no son ignorados en sus solicitudes, sus respuestas resultan insuficientes. Igualmente, los asesores expresan que las constructoras no tienen una disposición clara de solucionar los inconvenientes, mostrando la irresponsabilidad de estas, que es consecuente con la posición de dominio frente al consumidor inmobiliario.

El 72% de personas no surten nuevas actuaciones ante autoridades, dado en parte por el desconocimiento a quién tienen que acudir y cómo hacerlo. Las personas, generalmente deben contar con la asesoría de un abogado para poder atender estas situaciones y exponerse a procesos largos en la que como bien dicen los expertos, terminan siendo tramites con dificultades, demorados en su respuesta y que en ocasiones los jueces no toman las decisiones pertinentes y determinantes que representen una garantía efectiva para el consumidor inmobiliario.

Aunado a esto, también se ha hecho referencia a la poca capacidad institucional nacional y local para vigilar estos proyectos que toma parte de la responsabilidad en las problemáticas tratadas. Por ello es importante concluir sobre los principales hallazgos que tributen al mejoramiento de prácticas  como fomentar la divulgación de los derechos de los consumidores y las rutas jurídicas de defensa y protección, aumentar los controles en torno a la publicidad engañosa y la información para los futuros adquirentes de vivienda y controles institucionales para las construcciones ilegales sin licenciamiento.

Se debe reforzar la protección contractual relacionada con tiempos de entrega, acabados, condiciones estructurales y adecuación y equipamiento de zonas comunes y por último reforzar la tutela judicial efectiva, puesto que a juicio de los consumidores inmobiliarios  “los procesos no son conocidos por los consumidores y los disponibles no cumplen con la eficacia que se espera, son demorados y mantienen en vilo un aspecto importante como el derecho a la vivienda y el esfuerzo patrimonial de las familias, por los  dineros prestados a los bancos y los desembolsos de las cesantías de los adquirientes”.