Los magistrados de la Corte Constitucional le restaron poderes a la Procuraduría que pese a mantener la facultad de vigilar, investigar, sancionar e inhabilitar a quienes son elegidos por voto popular, sus decisiones deberán ser revisadas por el Consejo de Estado.
En una sesión en sala plena, la alta corporación señala que con esta revisión se busca que los servidores públicos no se les perjudiquen los derechos del electorado y del elegido.
En la misma decisión adoptada corporación insta al Congreso de la República a adoptar un Estatuto de Servidores Públicos de elección popular en el que se consagre un régimen disciplinario especial que permita su juzgamiento de manera diferenciada.
Actualmente en la Procuraduría cursan 7.749 investigaciones en contra de funcionarios de elección popular.
