El ente de control instó a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) para que defina un esquema eficiente de gerencia para el proyecto, destine los recursos y engrane sus acciones con las de los diferentes actores involucrados.
En la reunión convocada en Cartagena, el ente de control solicitó también una mayor articulación por parte de las secretarías del distrito de la ciudad, para realizar las tareas que permitan la apertura de las playas.
Como parte del seguimiento y vigilancia permanente que realiza la Procuraduría General de la Nación al Proyecto de Protección Costera en Cartagena, la entidad hizo un fuerte llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para que se asigne un gerente de proyecto, se destinen los recursos suficientes y para se le dé la prioridad que necesita, con el fin de acelerar las gestiones que se requieren para finalizar su ejecución.
El ente de control se mostró preocupado por las demoras en la toma decisiones críticas para el Proyecto debido a que se está generando una emergencia social, ya que la población más perjudicada han sido los comerciantes informales y los pescadores artesanales por el cierre de las zonas de playa en sectores como Bocagrande. En este mismo sentido, la entidad también hizo un llamado para que se haga la gestión necesaria para que se den las compensaciones a las comunidades damnificadas, y así evitar retrasos que afecten la continuidad de las obras para reducir la erosión costera.
En la mesa de seguimiento en la que participaron el ejecutor y el interventor de la obra, la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR), contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Departamento Administrativo de Valorización Distrital, la Alcaldía de Cartagena de Indias, la capitanía de Puerto, AIDCON, el Consejo Gremial, Cotelco y Fenalco, la Procuraduría solicitó que se establezca una estrategia que permita dar la apertura parcial en la Playa 5 en total seguridad, con el fin de mitigar mayores riesgos sociales y como solución a la limitación de recursos que presenta el Proyecto.
La entidad manifestó que la función de la Procuraduría en este caso es de facilitar y agilizar los esfuerzos. Además, hizo un llamado desde su función preventiva a fortalecer los espacios de seguimiento, coordinación y articulación que lleven a la entrega del Proyecto de Protección Costera, tal como se lo merece la ciudad y el país.
