Reforma tributaria resta competitividad a zonas francas del Caribe

La propuesta de reforma tributaria que plantea el gobierno nacional con respecto a las zonas francas, exige altos porcentajes de exportación, desconoce la importancia del esquema para la atracción de inversión en sectores estratégicos, la dinámica de los mercados externos y deja a un lado la relevancia y apalancamiento que a estas operaciones aporta el mercado nacional.

En la región Caribe existen 41 zonas francas, que son atractivas para las inversiones que
buscan aprovechar la capacidad exportadora de la zona, gracias a los 17 acuerdos comerciales vigentes en Colombia, sumado a ser el tercer país de América Latina con mayor potencial de consumidores. Sin la figura de las zonas francas resulta imposible competir contra las 250 zonas francas que existen en el Caribe latinoamericano.

Las zonas francas son indispensables como instrumento de atracción de inversión en el
desarrollo de proyectos; bajo la estrategia de nearshoring las zonas francas del Caribe
colombiano tienen la capacidad de atraer proyectos necesarios para la sustitución de
exportaciones minero energéticas los cuales, según cifras del BID, pueden ascender a montos de inversión de $78.000 millones de dólares. De igual manera, estas son mecanismos que facilitan el desarrollo de proyectos claves de energías limpias, como el hidrógeno verde y azul, para la transición energética del país y proyectos que fortalezcan la agroindustria.

Adicionalmente, la propuesta no reconoce cómo está constituido el tejido empresarial dentro de las zonas francas, donde el 90% de las empresas son Mipymes que se encuentran en procesos incipientes de internacionalización lo cual dificulta el cumplimiento de los requerimientos exigidos. Con esto se pone en riesgo la supervivencia de las empresas, y los cerca de 150.000 empleos formales que estas generan a nivel nacional, de los cuales 43.000 están ubicados en la Costa Caribe; impactando a las familias de estos trabajadores y el dinamismo económico y
social de estas comunidades, significando un retroceso social para las regiones.
De igual forma, el planteamiento afecta la estabilidad jurídica, la competitividad nacional y la productividad empresarial. Limita la atracción de inversión de empresas con capacidad de generación de encadenamientos productivos, que son transversales al comercio exterior e indispensables para soportar las exportaciones, como son los puertos, data centers, hospitales, generadores eléctricos y biocombustibles. Además, podría motivar a la desinversión de las compañías que ya se encuentran ubicadas en zonas francas y que no logren cumplir con las elevadas metas de exportación propuestas en la reforma.

En este sentido es necesario que la reforma contemple las siguientes consideraciones:

1. Replantear los porcentajes y tiempos de implementación de exportación exigidos. Los
umbrales propuestos en el texto de la reforma tributaria se traducen en un crecimiento
inalcanzable de las exportaciones totales de las zonas francas para los próximos 5
años.

2. Considerar dentro del esquema a los usuarios que no tienen fines exportadores, pero
que son estratégicos en esta cadena de valor global.

3. Replantear la propuesta de exportación para las empresas que han realizado altas
inversiones de capital, donde su principal operación es sustitución de importaciones.

4. Eliminar el parágrafo 5, relacionado con la pérdida de la calidad de usuario de aquellas empresas que incumplan durante 3 años consecutivos los umbrales, lo cual desestimula la inversión y condena a la desaparición de la mayoría de los usuarios, que con el panorama internacional actual no podrían cumplir con los requisitos.

5. Generar un mecanismo que permita convertir a las Mipyme en empresas exportadoras.

La costa Caribe acepta el reto de que sus zonas francas multiempresariales y especiales
exporten más, siempre y cuando se tengan en cuenta las consideraciones arriba mencionadas.

Desde las Agencias de Promoción de Inversiones ProBarranquilla, Invest in Cartagena y
Bolívar, Invest in Santa Marta, Promonteria y Prosincelejo y Sucre invitamos al Gobierno
nacional a abrir canales de diálogo para estructurar, junto con los actores involucrados, una propuesta integral que preserve la economía nacional, la generación de empleos y la
estabilidad jurídica para las empresas instaladas en zonas francas.