Se lanza el primer Informe Nacional de Empleo Inclusivo en Colombia

El Informe Nacional de Empleo Inclusivo – INEI,  presenta un panorama de las poblaciones que enfrentan mayores barreras para acceder y permanecer en el empleo en Colombia, profundizando en el estado de aquellas con mayores dificultades. Muestra un primer mapeo de iniciativas que trabajan en esta agenda en 64 ciudades y recomendaciones relacionadas para abordar esta problemática.

• Al analizar las tasas de desempleo, para el año 2018, se encuentra que, si bien para Colombia fue alrededor del 10%, para los jóvenes fue del 16 % para las mujeres del 13%  y en el caso de migrantes provenientes de Venezuela se ubicó en 14 %

• Asimismo se encontró que para la población víctima, la  proporción de desempleados fue de 63%. Para las personas en procesos de reintegración fue del 18%  y para personas en condición de discapacidad se reportó que tan solo el 27% trabajó por lo menos una hora en una actividad que le generó ingresos.

• Quiénes tenían educación superior en 2018 tuvieron un salario 3.5 veces superior a quienes solo alcanzaron la primaria.

• Se encontró que, a pesar del panorama laboral, solo 1.105.312 personas se encuentran inscritas en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SISE), de las cuales cerca del 52 % corresponden a mujeres y cerca del 51 % fueron personas menores de 28 años.

Bogotá, febrero de 2020. Hoy se lanzó la primera edición del Informe Nacional de Empleo Inclusivo – INEI, elaborado por Fundación Corona, la Fundación ANDI y el programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Acdi / Voca.

El documento recopila el panorama de 64 territorios, que representan el 54,8% de la población total del país. Además, recoge información de 350 iniciativas y actores que trabajan en programas para la inclusión laboral de población vulnerable. El informe analiza la situación actual de Empleo Inclusivo, que contempla cuatro tramos: educación básica y media, formación para el trabajo, intermediación laboral y empleo.

La agenda de empleo inclusivo tiene como objetivo mitigar las barreras que impiden el tránsito de la población vulnerable desde la educación hacia el empleo formal. Esta meta se cumple a través de cuatro componentes fundamentales: competencias duras, competencias blandas, orientación socio ocupacional y gestión de talento humano.

En el INEI se presenta, además, el análisis de las cifras y de las iniciativas, lo cual permite evidenciar la realidad que enfrentan las mujeres, los jóvenes, los grupos étnicos, las personas con discapacidad, la población migrante, entre otros segmentos de poblaciones vulnerables.

Además de brindar información reciente sobre los indicadores y la gestión en los territorios, el informe presenta recomendaciones que aportan a la discusión de empleo inclusivo y que generan un instrumento de gran valor para tomadores de decisiones considerando, especialmente, la llegada nuevas administraciones locales, quienes deben formular planes frente a esta problemática.

Algunos de los principales hallazgos presentados en el informe, y organizados en los tramos anteriormente expuestos, incluyen:

Educación media

La probabilidad de ingresar y permanecer en el mercado laboral formal está fuertemente relacionada con la posibilidad de graduarse de educación media. Además, completar la educación media se asocia con un aumento en el ingreso laboral del 18%. La brecha entre la tasa de informalidad de los trabajadores con educación media completa y la de aquellos con educación media incompleta asciende a 19 puntos porcentuales.

Según las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional (MEN), Colombia cuenta 1.371.214 personas matriculadas en educación media, 31.537 desertaron en 2018, es decir, el 2,3%. La matrícula en instituciones oficiales representa el 81% del total. A pesar de que la distribución en educación preescolar, básica y media es de 51% para hombres y 49% para mujeres, cuando se observa el dato solo para educación media esta proporción se invierte. La proporción de hombres matriculados en media es de 47% y de mujeres de casi 53%.

El documento expone, en este tramo, cifras de poblaciones vulnerables, por ejemplo, muestra que la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, representa cerca del 6% de la matrícula oficial, lo cual contrasta con la proporción de esta población frente al total de toda la población nacional, la cual corresponde al 9,34%, de acuerdo a datos del MEN del 2018.

El informe confirma que Colombia tiene grandes desafíos en cuanto a acceso y permanencia en el sistema educativo, y pone la lupa sobre la necesidad de trabajar en la calidad de la educación, pues la proporción de estudiantes con puntajes en niveles bajo y medio-bajo en lectura crítica fue de 37,2 %, así como en matemáticas  de 45,1 %, en los resultados de las Pruebas Saber 11 del 2018, que contrasta con el 5,7% y 13,9% respectivamente, de los estudiantes que alcanzan niveles de desempeño alto. Esta misma información se desagrega para los cinco territorios priorizados en esta entrega, Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Urabá. Los hallazgos muestran que tanto en lectura crítica como en matemáticas los estudiantes de la región de Urabá tienen desempeños inferiores en estas pruebas frente a los resultados del país y de las cuatro otras ciudades, en oposición, Bogotá, seguida de Manizales, registran los mejores desempeños.

Todo lo anterior refleja los grandes retos que tiene la educación media, en lo referente a cobertura, deserción y calidad. Es importante destacar que respecto a otros temas clave como la potenciación de habilidades socioemocionales y la orientación de los jóvenes, los datos son insuficientes. El país tiene la tarea pendiente de implementar mediciones en habilidades socioemocionales que le permitan identificar cómo están saliendo quienes se gradúan. Frente a esto, los esfuerzos adelantados por el ICFES parecen avanzar en la dirección correcta.

Educación y formación posmedia

El acceso a educación y formación posmedia resulta fundamental para las oportunidades de vinculación al mercado laboral formal. En la educación y formación posmedia se contemplan aquellos procesos que permiten fortalecer las competencias laborales, sean estas competencias específicas para el desempeño en una profesión u oficio concreto, o competencias generales requeridas para el desempeño de una persona en ámbitos formales. La educación y formación posmedia, de acuerdo con la estructura vigente en Colombia, abarca tanto la educación superior (técnico profesional, tecnólogo, pregrado y posgrado) así como la educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETHD) la cual incluye a la formación técnica laboral y formaciones como las de auxiliar y operario.

Según cifras del MEN, para el 2018 en el país había cerca de 2,4 millones  de estudiantes matriculados en educación superior, de los cuales el 58,3% cursaba programas universitarios (pregrado o posgrado) y el 22,9% programas de educación técnica profesional y tecnológica. Según el Ministerio de Trabajo, una persona con solo educación básica primaria gana en promedio $ 572.746, mientras que una persona con educación superior gana $ 1.993.940, es decir, 3,5 veces más.

El informe también ahonda en la deserción dependiendo del tipo de formación posmedia: de acuerdo con la información reportada por el MEN, en 2016 la tasa de deserción por cohorte para el nivel universitario fue del 45,1, mientras que para el nivel de formación técnica profesional fue del 52,3, es decir, 7,2 puntos porcentuales más alta. Por su parte la formación tecnológica tuvo una deserción del 53,3.

Entre los desafíos que tiene el país en este tramo, además de cobertura, acceso y permanencia, se encuentran las brechas entre las necesidades del sector productivo y la formación en educación posmedia ofrecida. El INEI expone la necesidad de articulación entre la oferta educativa, la oferta de intermediación formal y la demanda laboral para que el país pueda avanzar en este aspecto.

Intermediación

La intermediación formal permite que las personas accedan a información sobre empleos, vacantes, requisitos exigidos y procedimientos de inscripción. En Colombia, la intermediación laboral está regulada por el gobierno nacional, en cabeza de la Unidad del Servicio Público de Empleo (UAESPE).

Según el informe, en 2018, la red de prestadores de servicios de intermediación en Colombia estaba compuesta por 247 prestadores autorizados, el 26.9% correspondían a prestadores públicos y el 73.1% a privados; logrando registrar 1.105.312 personas, 52,1% de ellas mujeres, 50,8% jóvenes, 11,6% migrantes con estatus regular, 11% víctimas, 1,8% grupos étnicos, 0,4% población con discapacidad y 0,3% población en proceso de reintegración. Frente a la colocación, se encontró que en Colombia para 2018, del total de personas registradas en el SPE, el 28.8% lograron colocarse en un empleo formal.

Se resalta en el informe, en relación con la experiencia solicitada por las empresas en sus vacantes, que para 2018 de cada 10 vacantes registradas 6 exigieron experiencia laboral, un hecho que llama la atención, dado que el 36,2% de los buscadores de empleos registrados no tenían experiencia y el 30,8% tenía menos de un año. Además, 1 de cada 2 buscadores de empleo registrados tenían menos de 28 años, lo que pone en evidencia los obstáculos que enfrentan los jóvenes para acceder al primer empleo.

El panorama presentado para este tramo evidencia la necesidad de continuar trabajando a nivel nacional para consolidar el papel de los prestadores del UAESPE como puntos de conexión entre las empresas que buscan talento y las personas que buscan empleo, específicamente en los roles que prestan de orientación y gestión empresarial. Esto es especialmente importante para los segmentos de población vulnerable que están desconectados de las redes formales a través de los cuales algunas empresas buscan a sus colaboradores.

Empleo

El empleo inclusivo concretamente implica promover acciones que generen condiciones equitativas para el acceso y la permanencia de población vulnerable en el empleo formal. Para ello, se ha identificado la necesidad de abordar acciones desde la orientación a las personas y desde la cualificación de los procesos de gestión de talento humano para las organizaciones. Es cierto que se deben lograr avances para que las personas lleguen mejor preparadas a las empresas. Sin embargo, no importa qué tanto se ajusten los procesos de preparación previa e intermediación para estas poblaciones si las organizaciones seleccionan a su personal desde acciones discriminatorias, muchas veces sin saberlo.

En términos de acceso al mercado de trabajo, se ha señalado que las personas LGBTIQ+ enfrenta barreras organizacionales asociadas a los prejuicios por parte del empleador, que pueden resultar en procesos de selección menos objetivos. De acuerdo a Colombia Diversa, las barreras de acceso y permanencia en el sistema educativo impiden que esta población y en especial las personas trans, alcancen niveles educativos altos y tengan más oportunidades laborales. Debido a estas dinámicas de exclusión, un segmento de esta población LGBTIQ+ se ubica en la economía informal.

Al analizar las tasas de desempleo, se encuentra que, si bien para Colombia para 2018 fue del 9,7, para los jóvenes fue del 16,0, para las mujeres del 12,7 y en el caso de migrantes provenientes de Venezuela se ubicó en 14,4. Asimismo, se encontró que para la población víctima la tasa de desempleo fue 63,0 y para la población desplazada esta cifra representó 35,5. Para la población afrodescendiente la tasa de desempleo fue 10,3, para las personas en proceso de reintegración se reportó una tasa de 18,2  y para el caso de la población con discapacidad se reportó que tan solo el 26,7% trabajó por lo menos una hora en una actividad que le generó algún ingreso.

Al analizar las cifras de desempleo, según el DANE, se encuentra que si bien para Colombia en 2018 la tasa de desempleo se ubicó en 9,4, para los jóvenes ascendió al 16,0, para mujeres al 12,7 y para las personas migrantes provenientes de Venezuela al 14,4. Mientras tanto, la tasa de desempleo de afrodescendientes para 2016 fue de 10,3. Para personas en proceso de reintegración se ubicó en 18.2 para 2017, de acuerdo a datos de la Agencia de Reintegración Nacional.

Para población víctimas se halló en una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo y Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que el 63% de las personas víctimas que fueron encuestadas estaban desempleadas, en tanto que según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE se encontró que el 26,7% de la población con discapacidad trabajó por lo menos una hora en una actividad que le generó algún ingreso.

La Tasa de Ocupación (TO), que es la relación entre las personas ocupadas y el total de personas que participan en el mercado laboral, fue 57,8 para 2018, cifra inferior en 0,6 puntos porcentuales a la observada en 2017. En el periodo 2015 – 2018, se evidencia una caída sostenida de la TO, explicada fundamentalmente por la desaceleración de la economía nacional en este periodo. La TO de los hombres fue superior a la de las mujeres durante toda la década, prueba de ello es que mientras 69 de cada 100 hombres en edad de trabajar lograron ubicar un empleo en Colombia, solo 47 de cada 100 mujeres lo consiguieron.  Este hallazgo muestra una brecha ocupacional en favor de los hombres de 22 puntos porcentuales.

El documento completo se expuso ante actores claves del ecosistema de empleo inclusivo y será compartido con el gobierno nacional y gobiernos locales, academia, medios de comunicación, empresarios, organizaciones sociales, entre otros, para que sirva de base para la toma de decisiones y acciones orientadas a la inserción y permanencia laboral de población vulnerable.

Sobre el Informe Nacional de Empleo Inclusivo

Para la construcción del INEI se usaron más de 15 fuentes oficiales de información y diversos estudios y documentos técnicos relacionados con la temática, presentados bajo la metodología del Modelo de Empleo Inclusivo (MEI)