El exministro de Defensa Pedro Sánchez, urgió al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, gestionar 800.000 millones de pesos para la contratación del Escudo Nacional Antidrones, necesarios para contener los ataques a la fuerza pública con este tiupo de elementos que les han causado tanto daño y víctimas mortales.
Dijo que según cálculos realizados a comienzos de año, la Fuerza Pública tenía capacidad para detectar e inhibir alrededor del 90 % de estos intentos. Sin embargo, los ataques son cada vez más frecuentes, se han extendido geográficamente y tienen mayor potencial de causar daño. Y en pro,mwedio cada 10 horas se registra un ataque con drones.
En al red social «X» publicó el siguiente mensaje: El Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública deben continuar y dar celeridad al Escudo Nacional Antidrones. Para ello se nombró un gerente funcional, a cargo de un brigadier general del Ejército, y gerentes de proyecto de cada una de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con sus respectivos comités estructuradores técnicos, jurídicos y económicos.
La primera fase de vigilancia tecnológica fue adelantada durante los primeros siete meses de 2026 por un comité técnico integrado por miembros de la Fuerza Pública, que identificó las tecnologías que podrían responder a la necesidad operacional del país. Una inversión de esta magnitud exigía rigor.
Por eso se evaluaron propuestas de diversas empresas y se realizaron pruebas en campo, incluso en otros países, simulando las condiciones de la amenaza actual. Ahora le corresponde al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública acelerar la siguiente fase de estructuración para avanzar hacia su contratación lo más pronto posible este año y gestionar los recursos necesarios, estimados en $800.000 millones para 2026. La urgencia es evidente: en promedio, cada diez horas se registra un ataque con drones.
Según cálculos realizados a comienzos de año, la Fuerza Pública tenía capacidad para detectar e inhibir alrededor del 90 % de estos intentos. Sin embargo, los ataques son cada vez más frecuentes, se han extendido geográficamente y tienen mayor potencial de causar daño.
Esperamos que la reducción anunciada por el Gobierno al presupuesto nacional para lo que resta de 2026 no afecte esta imperiosa necesidad de brindarles a nuestros militares y policías las herramientas necesarias para proteger la vida de la población y de la Fuerza Pública frente a esta creciente amenaza. Reiteramos que la suspensión del empalme por parte del Gobierno entrante afectó significativamente la transferencia de este conocimiento y la posibilidad de reducir los tiempos para avanzar en la contratación. La amenaza de los drones no espera. La respuesta del gobierno tampoco puede hacerlo.