Al menos 158 familias de escasos recursos habrían entregado más de $1.220 millones para adquirir lotes destinados a la construcción de viviendas de interés social en la vereda Cristales, de Barbosa, Santander. Sin embargo, los terrenos ofrecidos tenían restricciones de uso que impedían desarrollar el proyecto urbanístico.
De acuerdo con la investigación, desde 2009 una asociación sin ánimo de lucro, representada por Luis Daniel Sánchez Suárez, habría promovido la adquisición de predios para la autoconstrucción de viviendas.
Entre 2010 y 2023, las familias realizaron aportes que iban desde $500.000 hasta $28 millones, mediante contratos, vinculación a comités y cuotas de administración. En total, habrían sido comercializados 127 lotes.
Las evidencias recopiladas indican que los predios estaban ubicados en una propiedad de Sánchez Suárez, destinada al desarrollo agropecuario tradicional y con restricciones ambientales. Por esta razón, no era posible ejecutar allí el proyecto de vivienda ofrecido.
Según estableció la Fiscalía General de la Nación, el propietario y promotor de la iniciativa presuntamente conocía las restricciones del terreno y habría continuado con la venta de los lotes, pese a no contar con los permisos requeridos por la administración municipal.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Santander le imputó a Sánchez Suárez los delitos de estafa agravada en masa y urbanización ilegal. El procesado no aceptó los cargos.
