Herencia Afrocolombiana en Museo de Trajes con apoyo de USAID y ACDI/VOCA
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17 mayo 2024
LA RED DE VEEDURÍAS DE COLOMBIA, RED-VER, en cumplimiento de su objeto misional de protección a las víctimas de la organización criminal los “Rastrojos Costeños”, liderada por los hermanos Juan Manuel y Brayan Borré Barreto, ha podido constatar, que en la actualidad estos confesos infractores por violación de derechos humanos, no registran orden de captura en su contra, dentro del proceso penal en el que actúa la Fiscalía 3 Seccional – DECOC de Bogotá y cuyo juicio se adelanta en el Juzgado 1 Especializado de Cartagena.
Lo anterior genera enorme preocupación en la Red de Veedurías, por cuanto que, en cualquier momento Juan Manuel Borré Barreto, podría recobrar su libertad, ya que tan sólo aparece detenido, por cuenta, del juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento de la ciudad de Ibagué, por condena impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de la Ciudad de Magangué, por sentencia condenatoria del 17 de abril de 2015, en donde la Red de Veedurías ha recibido información de que el pasado 8 de mayo de 2024, vía correo electrónico Borré Barreto ha solicitado copias del expediente muy probablemente, con el objeto de solicitar su libertad, en atención que no pesa en su contra otra orden de captura.
Resulta sorprendente respecto de los hermanos Borré Barreto quienes han confesado haber ejecutado más 800 asesinatos selectivos y múltiples extorsiones en la Costa Caribe colombiana, Brayan se encuentre gozando de la libertad impunemente y Juan Manuel se encuentre en una simple celda en la cárcel de Picaleña, violando las normas penitenciarias, por cuanto según fuentes reservadas cuenta con acceso a teléfonos, internet y otras tecnología, que se encuentra prohibidas y más para condenados y considerados de alta peligrosidad como lo es Juan Manuel Borré Barreto.
La Red de Veedurías también pudo verificar, que la Fiscalía 3 Seccional – DECOC de Bogotá compulsó copias para que fueran investigadas, todas las personas del círculo familiar cercano a los hermanos Borré Barreto y otros como presuntos testaferros, decisión acertada, y desde ya manifestamos que nos disponemos a comparecer a esa investigación con el fin de lograr la expropiación exprés de los bienes a nombre de los testaferros y poseedores que lleguen alegar buena fe exenta de culpa, con el objeto de indemnizar a las miles de familias víctimas de más de 130 homicidios confesos por los que se hallan acusados.
Finalmente informamos, que en los próximos días acudiré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sede en Washington, – en cuyo internacional nos hallamos- en donde presentaré solicitud a efecto de que se impartan medidas cautelares tendientes a impedir que los hermanos Borré Barreto puedan tener a su favor un manto de impunidad frente a sus múltiples crímenes reconocidos, y que éstos sean declarados como crímenes de lesa humanidad.
En el trasegar de los citados procesados en las cárceles, según información recibida, se les habrían decomisado aparatos telefónicos, con los cuales se habrían realizado extorsiones, ordenaban asesinatos y operaciones de narcotráfico, por lo que cabe preguntarse ¿cuántos procesos ha iniciado la Fiscalía General fruto de la realización de estos decomisos en los operativos del INPEC durante tantos años?; y ¿si el INPEC dio traslado de todos estos elementos materiales probatorios para que iniciara dichas investigaciones?