Gobierno reglamenta el Servicio Social para la Paz

El Gobierno del Cambio expidió vía Decreto la reglamentación del Servicio Social para la paz, una alternativa al servicio militar obligatorio para jóvenes entre 18 y 24 años de edad (hombres y mujeres) contemplada en la Ley 2272 de 2022 de Paz Total, y que fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro Urrego.

Mediante el Decreto 1079 de 2024?, el Servicio Social para la Paz establece seis enfoques y once modalidades de aporte a la construcción de la paz estable y duradera, y define los beneficios que recibirán quienes se acojan a esta figura durante un lapso de 12 meses.

Los enfoques son las acciones, estrategias y actividades del servicio orientados al respeto de los derechos étnico, de género y diversidad sexual, intercultural, territorial y enfoque diferencial e intersectorial.

Mientras que las modalidades están orientadas a fortalecer y ´potenciar los siguientes procesos:

– Alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.

– Trabajo con víctimas del conflicto armado, promoción y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

– Refrendación y cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

– Promoción de la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.

– Protección de la naturaleza, la biodiversidad, fuentes hídricas, hábitats marinos y costeros, ecosistemas estratégicos, y riqueza ambiental y forestal del país.

– Promoción de la paz étnico, cultural y territorial.

– Protección y cuidado de las personas con discapacidad y personas mayores en condición de vulnerabilidad.

– Trabajo en la reforma rural integral.

– Vigía del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación.

– Trabajo con personas damnificadas o afectadas por fenómenos o amenazas naturales.

– Promoción de la educación y las actividades relacionadas en materia de gestión del riesgo y cambio climático.

El Comité Técnico del Servicio Social para la Paz -que integrarán los representantes de los Ministerios de Defensa, Educación, Igualdad, Departamentos Nacional de Planeación y de la Función Pública, y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz-, definirá los cupos necesarios anualmente para el Servicio Social para la Paz.

Los postulados que sean aceptados recibirán 80% de un salario mínimo mensual legal vigente (aproximadamente $1’067.000).

La financiación de este programa se hará con recursos del Presupuesto General de la Nación asignados al Departamento Administrativo de la Función Pública.

Una vez finalizada la prestación del Servicio Social para la Paz, Función Pública entregará el certificado correspondiente que acredita la definición de la situación militar del joven, y un certificado que acredita el primer empleo, y adicionalmente recibirán los demás beneficios establecidos por la prestación del servicio militar obligatorio.