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Por: Germán Danilo Hernández
Existe una palabra conformada por tan solo seis letras que pareciera encerrar las explicaciones a grandes complejidades de la especie humana: lógica; ésta alude a las estructuras o formas del pensamiento; a los dictámenes de la razón, y de manera mucho más general a lo que algunos conocen como el “sentido común”.
Desde la antigüedad filósofos, lingüistas y matemáticos, entre otros, se han dado a la tarea de profundizar en ese concepto y en el consecuente “pensamiento lógico”, encontrando múltiples aristas de análisis, pero coincidiendo en que a partir de premisas o inferencias abordadas desde la razón, se llega a una conclusión que apunta al “pensamiento correcto”.
Esa gran conclusión es la que conlleva a que desde los múltiples segmentos en que se divide el pensamiento humano se dé por sentado que sus interpretaciones y por tanto sus acciones son correctas, y que sus contrarios “carecen de lógica”.
En ese orden de ideas, todo lo asociado al relacionamiento humano, desde los Estados y organizaciones sociales de todo tipo, el ejercicio de la política, hasta las relaciones de parejas, se topan en cualquier momento con conflictos derivados de lógicas diferentes frente a los mismos hechos o circunstancias, con consecuencias que van desde las guerras hasta los divorcios.
Sin pretender fungir como analista de semejantes complejidades, es claro deducir que muchos de nuestros problemas cotidianos han sido, son y serán difíciles de resolver, mientras no se admita que no existe una sola lógica, sino que estas coexisten dependiendo de orígenes, contextos e intereses de quienes creen estar en lo correcto.
Por la existencia de clases sociales y las dinámicas de poder, es comprensible que las perspectivas de análisis de lo “lógico” resulten tan contradictorias y conlleven a la polarización de posiciones frente a temas como la economía, la propiedad, los privilegios, los derechos adquiridos y las reivindicaciones.
A manera de ejemplos locales sobre esa “lógica de clases”, basta con recordar que un puñado de familias prestantes de la ciudad asumieron por muchos años la plena propiedad privada de bienes públicos en las Islas del Rosario y en la zona norte de Cartagena, por solo citar dos casos; o que otros manejaran y aún manejen, baluartes y espacios públicos con privilegios exclusivos, y para todos los efectos consideran que su devolución al Estado y a la ciudad, es una medida que se “sale de la lógica”.
También un sector de políticos de diferentes vertientes y colores sostienen sin sonrojarse que el aprovechamiento de recursos públicos en beneficio particular hace parte de la comprensión racional de la política.
Desde otros ángulos cabe analizar que en sectores socialmente vulnerables también se maneja como “razonamiento lógico” la entrega incondicional de subsidios y ayudas económicas permanentes sin ninguna reciprocidad; o que sus inconformidades pueden ser canalizadas como “consecuencia lógica” mediante bloqueos de vías y destrucción de bienes públicos.
Aunque los estudiosos del tema acuñaron el concepto de “lógica difusa”, lo cierto es que difícilmente podrá haber coincidencias plenas cuando la defensa de intereses o privilegios exclusivos, en detrimento de otros, se intente abordar como “simple cuestión de lógica”.
Asesor en comunicación política y de gobierno