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En lo corrido del 2024, se tiene un registro de 274 procesos de liquidación de sociedades, en su mayoría por personas jurídicas, según datos de la Superintendencia de Sociedades en su informe de insolvencia. Además, el 51% de estos casos se han presentado en Bogotá, y en su mayoría pertenecen al sector comercio, seguido de los servicios y la manufactura.
Una de las herramientas clave para prevenir y evitar llegar a este tipo de instancias es la Revisoría Fiscal, una figura que cumple la función de apoyo interventor del Estado encargada de vigilar las acciones de una empresa a nivel financiero, económico y social, y que garantiza la transparencia y legalidad de las acciones realizadas por una empresa en función del cumplimiento de sus objetivos y desarrollo de su objeto social.
“Tener una revisoría fiscal en la compañía ofrece diversos beneficios tanto en términos de control interno como en oportunidades de mejora en lo que respecta en la confianza de los accionistas o inversionistas”, afirma Tatiana Cruz – Gerente de Auditoría Ventus Consultores sobre las ventajas de realizar este procedimiento.
Según el Art. 203 del Código de Comercio y la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal surge con la necesidad del Estado de regular la correcta operación de los entes privados a cargo de bienes y servicios, así como la protección del bien común velando por el cumplimiento de normas internas y externas según los estados financieros de las entidades.
Es por ello, que este procedimiento “permite asegurar una adecuada transparencia así como el debido cumplimiento normativo permitiendo que la organización pueda tener un control preciso sobre sus cifras en los Estados Financieros así como permite detectar irregularidades o posibles errores que sean susceptibles de materializarse en fraude”, añade Cruz.
La Revisoría lleva a la evaluación del cumplimiento normativo, la detección y prevención de fraudes, la mejora del control interno y la optimización de la gestión administrativas, además, contribuye al buen gobierno corporativo, a la protección de los derechos de los accionistas y el monitoreo continuo de los procesos.
Sumado a esto, realizar revisiones periódicas a los estados financieros, permite detectar posibles situaciones que den indicios de dificultades financieras, altos niveles de endeudamiento o una baja liquidez, además de detectar irregularidades contables y establecer recomendaciones que permitan tener un plan de acción para mitigar el riesgo de negocio en marcha.
En general, funciona como una herramienta de identificación de inconvenientes que afecten la calidad de la empresa, y que puedan llevar a las sanciones por corrección de impuestos, corrección de información exógena tributaria, o sanciones impuestas por la Superintendencia Financiera o Superintendencia de Sociedades. Es importante tener en cuenta que no existe una fecha límite para realizar este proceso, pero si se debe tener en cuenta la fecha de presentación de ciertos informes.
